¿El Día de Cual Democracia?

 
 

Dos celebraciones para conmemorar el retorno a la democracia. A 29 años, dos modelos en pugna. La economía cruje y sufre la amenaza de una intervención mayor. El kirchnerismo logra que sus “enemigos” estén “Unidos y Organizados”, tanto en el plano interno como en el exterior.
El cristinismo lo había soñado como el éxito político del año: el 7D sería el golpe contra el Grupo Clarín y el 9D una fiesta para celebrar y recuperar la calle a manos del “odio” de las clases medias mezquinas. Sin embargo, todo salió mal. No hubo 7D y la celebración del 9 sonó a hueca, fastuosa, casi menemista, con más presiones de una presidente despechada que en algunos pasajes de su largo discurso, perdió ilación y contundencia. Incluso utilizó argumentos de la derecha más recalcitrante para atacar al Poder Judicial, haciendo alusión a que los jueces dejan en libertad a asesinos y violadores, frase duramente criticada por el CELS integrado, entre otros por Horacio Verbitsky.
No era para menos el enojo, dos “pequeños” camaristas habían extendido la medida cautelar que le da al “enemigo” más tiempo para esquivar la aplicación de la ley. Nadie desaira a la presidente de esa manera sin recibir el rayo fulminante de su ira, esta vez convertida en sendos pedidos de juicio político y en una andanada sin precedentes contra la Corte Suprema de Justicia, acusada retrospectiva y elípticamente de avalar los golpes de Estado desde 1930, estableciendo una polémica y generando – como el 7D – cortinas de humo para no hablar de los asuntos públicos que verdaderamente afectan a todos.
Hubo, además del festejo oficial, que excluyó a todos los partidos políticos y presentó la habitual escenografía de Madres y Abuelas, artistas y dirigentes sociales – junto con unos cuantos millones gastados en parafernalia mediática – otro más austero, menos estridente en el Comité Nacional de la UCR. Allí se reunieron los máximos dirigentes de ese partido, el socialismo, el PRO, parte del peronismo disidente y otros, para reconocer en la diferencia de esa composición, el objetivo común de bregar por un modelo democrático que respete la división de poderes, la vigencia plena de los derechos humanos, el federalismo y la transparencia de gobierno.
“Parece mentira que pidamos por el diálogo cuando es propio de la condición humana, lo que habilita a encontrarnos en las diferencias. Queremos una democracia completa, que hoy no es tal”, dijo el presidente de la UCR Mario Barletta. Y Hermes Binner señaló que “la democracia no es sólo votar cada dos años. A esta democracia hay que seguir cultivándola; por contar con una mayoría circunstancial no pueden hacer lo que quieren, confundiendo todo, gobierno, Estado y partido”.
Esto dos actos revelan dos modelos distintos de democracia. El primero responde a los preceptos populistas abonados por Ernesto Laclau y digeridos a medias por los intelectuales de Carta Abierta – algunos de los cuales ya deben estar sintiendo cierta incomodidad en esa agrupación – y que propicia una institucionalidad generada a partir de un liderazgo fuerte, del tipo despotismo ilustrado, que es “bueno” porque defiende a los más débiles. En ese esquema cualquier balance de poder es visto como un palo en la rueda del hacedor – o hacedora – que encarna una transformación radical de la sociedad que gobierna.
A esta concepción fundamentalista se le contrapone la idea republicana de democracia entendida como diálogo entre distintos para conciliar intereses, dentro de una acción política que tiene un marco institucional por el cuál vela la Justicia. La personalización deja paso a las políticas y a prácticas consensuadas por todos.
Son grandes diferencias las que separan a uno de otro, tanto que llevan a reducir las propias diferencias del arco opositor y a sacudir el descontento popular en marchas que han sido masivas.
En este tercer turno de la democracia de un solo poder, el cristinismo está pagando todas las facturas de Néstor Kirchner: la alianza con Hugo Moyano; la conformación de la actual Corte Suprema; la guerra con el Grupo Clarín; la pelea con los fondos buitre; la maraña de subsidios y otros que la están sumiendo en una encerrona cada vez más difícil de zafar. Para peor, aplica la misma lógica amigo/enemigo que está abroquelando a sus rivales en núcleos sólidos de oposición y sufriendo una sangría de apoyos políticos. En esta crisis, su entorno carece de capacidad de gestión y presenta intrigas palaciegas propias de las autocracias.
Más aún, luego del 7D, de los desaguisados de política exterior y las inconsistentes medidas económicas, es claro que hay funcionarios que en un gobierno normal habrían renunciado. ¿Cómo es posible que esta y otras acciones dependan de la voluntad de una sola persona?
El Estado de Derecho en jaque
La Comisión Nacional de la Independencia Judicial, emitió – un día antes del 7D – un documento crítico hacia el embate que recibe ese poder por parte del Ejecutivo y que se suma a una serie de hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado, tales como la falta de cobertura de cargos de magistrados, generando que los jueces subrogantes designados no tengan garantías de estabilidad suficiente; recusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo o con el solo fin de separar a un juez de una causa; campañas difamatorias contra jueces agraviándolos de manera personal; pedidos de intervención a los poderes judiciales provinciales; e intentos de modificación de algunas legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e independencia de los magistrados.
En este marco es conveniente recordar que existen fallos ordenados por la Corte, por ejemplo el que ordenaba restituir un juez en Santa Cruz, que fue desobedecido, sin que ello haya sido presentado como un “conflicto de poderes”.
El documento exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a “cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia.” La exhortación se amplía a remediar los problemas enumerados en los considerandos, y llamativamente se extiende a “titulares de medios de comunicación públicos y privados a ejercer el derecho de crítica sobre la base de opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o familiar, siendo mesurados y prudentes al imputar faltas éticas o criminales que luego quedan en la nada, pero que lesionan gravemente a las personas y sus familias. Además apela a la ley de medios, “teniendo en cuenta la protección constitucional de la libertad de expresión, la pluralidad de voces que promueve la ley 26.522 y el carácter público de los medios oficiales, al Poder Ejecutivo Nacional, a la Jefatura de Gabinete y al Titular de la AFSCA, que se habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias, así como la difusión de videos institucionales en programas de difusión pública.
A los pocos días, y luego de que naufragara el épico 7D e incluso que la Corte rechazara el per saltum que solicitara el Ejecutivo, un conjunto de magistrados de los que se destaca la procuradora Gils Carbó, emitieron una solicitada que señala que "los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e, incluso, deben ser independientes de las organizaciones que nos representan". A esta verdad de Perogrullo – que reafirma la idea antigua y tradicional del juez como autónomo y personalísimo en su juzgado – los firmantes suman que, "los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública -como la del resto de los funcionarios públicos- debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía… La recusación de magistrados es el mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales. Es una herramienta que, además de constituir un derecho de los justiciables, contribuye al fortalecimiento de la transparencia del desempeño profesional de la magistratura". Cierto es que no son los ciudadanos comunes los que realizan las recusaciones que denuncia la Comisión Nacional de la Independencia Judicial como método sistemático de presión.
Nuevamente, la democracia de un solo poder coloca por sobre las instituciones las nociones vagas de control ciudadano y exige a los jueces cierta “sintonía” con la política del gobierno, tal como lo expresaran Juan D. Perón en 1946 y Carlos Menem en 1990 antes de reformar la Corte Suprema.
Tercerizar el ajuste fiscal
El anuncio reciente de la extinción del régimen de promoción industrial, vigente desde la última dictadura en varias provincias del país, está generando revuelo en algunas de ellas que se verán obligadas a replantear sus números. El motivo del gobierno para dar de baja este régimen es reducir el gasto fiscal en aquellos puntos “no esenciales” para la Nación. El monto total que se ahorrará el gobierno con esta medida está estimado en unos 8.000 millones de pesos.
Este ajuste fiscal no será igual en las cuatro provincias a las que se les quitará la promoción sin distinción, sin atender a las particularidades de cada una y al marco general en donde la política energética o el atraso cambiario afecta la rentabilidad de las economías regionales y, por ende, perjudicará aún más la competitividad de las regiones.
Los gremios están alertados por el riesgo que corren los 100 mil puestos de trabajo generados por las 500 empresas sobre las que recaería el ajuste y que distribuyen una masa salarial de unos 4.000 millones de pesos. Esta medida que va en contra del pregonado industrialismo del gobierno, constituye una verdadera tercerización del ajuste hacia las provincias, que no está carente de favoritismos. El más evidente de ellos es el sostenimiento de las exenciones impositivas en Tierra del Fuego, una provincia que a pesar de esas ventajas no ha logrado hacer despegar su industria. Según un informe del Cippec, "el costo del modelo de producción manufacturera en Tierra del Fuego para el erario público no es fácil de estimar debido a la presencia de subsidios cruzados y a que el Ministerio de Economía de la Nación reporta estimaciones del costo fiscal directo en términos de impuestos no percibidos".
"En 2012 se destinarán al régimen fueguino cerca de 5.600 millones de pesos del presupuesto nacional, o casi el 50 por ciento de los esfuerzos de promoción económica para todo el país. La provincia solo explica un 1 por ciento del empleo registrado total y menos del 0,6 por ciento del trabajo industrial formal en la Argentina", detallan en ese centro de estudios.
"Además, la producción de Tierra del Fuego requiere muy bajo contenido nacional y se destina casi totalmente al mercado doméstico. Como consecuencia, este modelo produjo un aumento de las importaciones y del déficit comercial de la isla. Las importaciones y el rojo de la balanza comercial casi se duplicaron en los dos últimos años: el déficit pasó de poco más de 2.000 millones de dólares en 2010 a alrededor de 4.500 millones en 2012. Así, Tierra del Fuego explica este año alrededor del 7 por ciento de las importaciones totales de la Argentina", reza el informe.
A la anunciada caída de la promoción industrial se le suma otro aspecto que perjudica el panorama de inversiones en la Argentina. La ley recientemente aprobada por Diputados que regula el mercado de capitales, que contaba con la venia de casi todos los bloques, fue modificada en forma subrepticia por el diputado oficialista Roberto Feletti, quien introdujo la posibilidad (artículo 20, inc. 1 del proyecto) de facultar a la Comisión Nacional de Valores a separar a los órganos de administración de una sociedad por 180 días si los accionistas minoritarios estiman que se están afectando sus derechos, “hasta regularizar las deficiencias encontradas”. Con esto, el oficialismo vulnera nuevamente el derecho de propiedad de los accionistas mayoritarios y le concede a un órgano administrativo atribuciones exorbitantes, que le permitirán entrometerse en la vida de las empresas del modo más arbitrario. El Senado convalidó este acto de mala fe.
En momentos de estrechez económica estas medidas – aún en las gateras – no aportarán nada bueno en el plano de las inversiones que se necesitan. Es probable que la baja de la promoción industrial quede olvidada como la “sintonía fina” de principios de 2012. También es posible que el “vamos por todo” avance al grito de Banzai, tal como hacían los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial.

Publicado en Escenarios Alternativos

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