Esta semana está prevista la sesión que en el Senado tratará la ley conocida como de “matrimonio gay”.
Ese debate está rodeado de un ambiente enrarecido, poco propicio para la discusión serena y reflexiva, que incluyó opiniones públicas referidas a las “guerras” que se avecinan en nuestra sociedad.
Una excepción a la ausencia de intercambio entre distintos puntos de vista lo constituye, tal vez, la mesa redonda convocada hace pocos días por el diario La Nación.
Más allá de los complicados procedimientos legislativos, sería muy importante que pudiera avanzarse en consolidar principios de libertad e igualdad que están arraigados en la Constitución y que acompañan la construcción de nuestra identidad desde los orígenes.
Es sabido que ya en ocasión de legislarse sobre el matrimonio civil, hace más de un siglo, se debatió sobre dos cuestiones diferentes: el derecho de la República a legislar sobre derechos ciudadanos y, por otro lado, el contenido de la norma en consideración. Ambos asuntos han vuelto a presentarse ahora, tal como sucedió también cuando se aprobó el divorcio vincular en la Administración del Presidente Alfonsín.
Es menester reafirmar una vez más la soberanía de la Nación para garantizar los derechos ciudadanos sobre el principio de laicidad de la legislación y la vida pública, reservando a la intimidad de los ciudadanos las creencias particulares, según lo establece el artículo 19 de la Constitución.
Es necesario, tambíén, evitar incurrir en la lógica oficialismo-oposición en la consideración del tema. De lo que se trata es de crear un nuevo marco de igualdad de derechos entre los sexos y así dar un nuevo paso en la ya secular consolidación de una sociedad más justa.