Autor: Jesús Rodríguez

The Only Game In Town: Peronismo para Todos

 

A lo largo de los 30 años de la restauración democrática hemos asistido a un fenómeno político de gran relevancia, el fin de la ley de hierro de la competencia electoral en  Argentina según la cual en elecciones libres el ganador natural del premio mayor, la presidencia,  debía ser el  peronismo. En 1983 primero y, después en 1999, a la hora de contar los votos el peronismo debió admitir su derrota. Estos dos episodios mostraron que el polo político no peronista podía imponerse en las urnas y acceder al gobierno. Esta fue una constatación auspiciosa para la salud de la restauración democrática.  Ahora bien, si extendemos la mirada constatamos también otro fenómeno político: los presidentes  electos por obra de la derrota del peronismo no lograron concluir sus  mandatos. Para decirlo de otro modo: el polo no peronista pudo reunir los votos necesarios para acceder a la presidencia  pero no pudo reunir la capacidad de gobierno necesaria para mantenerse en ella y eventualmente para  aspirar a un nuevo mandato.

A fin de colocar en perspectiva las vicisitudes del polo no peronista quiero evocar, siguiendo una referencia hecha por Javier Zelasnik, el patrón de funcionamiento  que  caracteriza al sistema político de  Suecia. Allí  tenemos que un partido -la socialdemocracia- gana y gobierna   durante varios períodos consecutivos gracias a la fragmentación de la oposición hasta que arriba a una contienda electoral en la que es derrotado por una coalición de partidos rivales; ocurre, sin embargo, que  esta coalición sólo consigue gobernar un período, al cabo del cual   el partido predominante   revalida sus credenciales y retoma el poder. En esta dinámica política la coalición opositora sólo está en condiciones de ofrecer un gobierno de transición entre uno y otro ciclo del partido predominante en el poder. Esto es, no logra ofrecer un gobierno de alternativa capaz de establecer una nueva trayectoria o,  para decirlo con la fórmula que ya utilizamos, consigue  llegar al gobierno pero no consigue ser  re-electa y de este modo quebrar la duradera vigencia del partido predominante.

Esta clave de lectura captura a mi juicio bastante bien los avatares de la vida política argentina. Las victorias electorales del polo no peronista se han parecido mucho, como ha señalado Andrés Malamud, a  los años sabáticos que se toma de tanto en tanto el polo peronista para reordenar su tropa y re emerger  cohesionado bajo la conducción de nuevos liderazgos y con nuevas ofertas políticas en sintonía con los nuevos tiempos.

A partir de estas premisas quisiera ahora  abordar la coyuntura política más reciente. El punto de partida lo brinda el resultado de las elecciones presidenciales de 2011. Ese resultado fue portador de una importante información. Me  refiero  a los 37 puntos de diferencia que distanciaron la victoria de la presidente Cristina  de la candidatura más votada entre las agrupaciones del polo no peronista. Esa formidable brecha puso de manifiesto el rasgo distintivo del panorama político actual, más concretamente, la pérdida de competitividad del sistema de partidos. Esta pérdida de competividad, ha destacado Ana Maria Mustapic, tiene un gran impacto sobre el ejercicio del poder gubernamental. Un sistema de partidos competitivo presupone la expectativa de una alternancia en el timón del gobierno, y esa expectativa tiende a operar como un factor de moderación entre los ocupantes del poder. Hoy en día esos 37 puntos de diferencia a que aludimos hablan bien a las claras de que no hay rivales a la vista, es decir, no hay una oposición en condiciones de desafiar el  actual predominio del polo peronista sobre el mercado político-electoral. Por lo tanto, no existen o son muy débiles las barreras de contención política a la gestión del poder  por el partido gobernante.

Circunstancias como éstas contribuyen a  recrear un fenómeno conocido en la historia política del país: el peronismo en el gobierno  tiende a comportarse como un sistema político en sí mismo, vale decir, a actuar simultáneamente como el oficialismo y la principal oposición. Dos son los factores que suelen promover esta dialéctica política. El primero de ellos es la amplitud y por lo tanto la diversidad de los apoyos que reúne como coalición de gobierno. La gravitación de este factor fue ostensible durante la administración del presidente Menem. Una vez en el gobierno Menem  supo hacer un viraje hacia el mundo de los negocios y las políticas de mercado sin perder por ello el respaldo de  las bases tradicionales del peronismo. El costo de ese virtuosismo político es conocido: las principales tribulaciones por las que pasaron sus iniciativas le fueron ocasionadas por sus partidarios en el Congreso, en las provincias, en el sindicalismo, que se comportaron efectivamente como la principal oposición. En términos comparativos, la incidencia de este primer factor ha sido claramente menos importante durante la gestión del matrimonio Kirchner.  Su coalición de gobierno no ha sido tan amplia como la que montó Menem; en consecuencia, no se caracteriza por tanta heterogeneidad de intereses ni tanto contraste de visiones. Además, el giro anti-noventista emprendido a partir de 2003 ha estado más sintonizado con intereses y visiones típicamente peronistas, como  el estatismo, el proteccionismo, la beneficencia social. De allí  que las políticas públicas no hayan sido, como en los años de Menem, un terreno de conflictos.

El segundo factor que activa el contrapunto oficialismo/ oposición cuando el polo peronista gobierna  en su condición de partido predominante es la falta de reglas consensuadas para dirimir los problemas de sucesión en el liderazgo y por ende en el control del poder. La repercusión de esta ausencia  fue visible en el trámite traumático del conflicto que opuso las aspiraciones rivales del presidente Menem y de Eduardo Duhalde, que se postulaba como su sucesor. Conocemos el desenlace: Duhalde frustró las ambiciones re-eleccionistas de Menem pero no pudo evitar que él también terminara siendo arrastrado por las secuelas de la disputa. Al final de cuentas  el polo peronista experimentó en las urnas una derrota auto-infligida por la división de sus partidarios.  ¿Qué decir de los años kirchneristas cuando los observamos desde esta perspectiva ? Que  esta fuente de la dialéctica oficialismo/oposición está de nuevo productiva, como lo están mostrando las reacciones encontradas que suscita en las filas del peronismo  la pretensión apenas encubierta de Cristina Kirchner de extender su mandato presidencial.

Si bien es tributario de su débil institucionalización como organización partidaria, el conflicto en ciernes que conmueve al polo peronista tiene en las presentes circunstancias  un perfil novedoso porque se está procesando sobre el telón de fondo de un proyecto ambicioso, la construcción de un pos-peronismo. En el 2005 Nestor Kirchner declaró que a su juicio el ciclo histórico del peronismo tal como lo conocíamos estaba agotado. Ese veredicto  recogía su inspiración del cuestionamiento de la izquierda peronista de corte setentista a “las formas tradicionales de hacer política” encarnadas en los jefes territoriales del partido y en los cuadros de la burocracia sindical. La cruzada regeneracionista de Kirchner, que alumbró la operación de la transversalidad y suscitó grandes expectativas entre los sobrevivientes de la experiencia del Frepaso, tropezó con un costo  de oportunidad: no se puede gobernar y transformar al mismo tiempo la herramienta principal de gobierno como es el partido gobernante. De allí que a poco de andar fuera sustituida por una salida pragmática: la tregua con los apoyos partidarios alojados en los gobiernos de provincia, en la legislatura, en los aparatos sindicales.

Luego de la rotunda victoria  del 2011 el proyecto original  ha retornado con fuerza como lo muestra la búsqueda por parte de la presidente de respaldos  menos dependientes de la estigmatizada máquina política del “pejotismo”. Rodeada de movimientos piqueteros afines, de los jóvenes de la Cámpora, del séquito de la izquierda peronista, Cristina está apretando el paso tras  la continuidad de su gestión. En su  marcha está haciendo surgir a la luz grietas crecientes dentro del polo peronista. Para las jerarquías tradicionales del movimiento la re elección de la presidente o,  en su defecto, el encumbramiento de quienes la acompañan sólo promete cuatro años más de asedio a sus bastiones territoriales y con ellos la perspectiva aciaga de ser marginados de la vida política. Este es el escenario en que se está reponiendo la dialéctica oficialismo/ oposición dentro del movimiento creado por Perón recubierta ahora por los pliegues de la pugna entre peronismo y pos-peronismo. Un observador externo a esa pugna es posible que encuentre difícil explicar la aspereza de unos  enfrentamientos que se despliegan sin freno por la ausencia de una oposición competitiva. Quienes están involucrados en ellos no padecen esa miopía, tan propia del sentido común no peronista, porque saben que disputan  por un trofeo mayor: la hegemonía sobre el principal partido nacional del país y, en ese carácter, un recurso estratégico para diseñar el derrotero del futuro político de la Argentina.

Publicado en Foco Económico

En este número de Escenarios Alternativos presentamos la habitual Coyuntura Política, que con el título de K-TRAS-K, repasa el largo rosario de errores políticos y de gestión que está minando la base de poder del kirchnerismo y la imagen positiva de la presidente. Además, el triunfo de Hugo Chávez y la euforia del cristinismo.

Ramiro Castiñeira, en DOS DÉCADAS DE DOLARIZACIÓN, repasa el Rodrigazo (‘75), la tablita (‘78), las hiperinflaciones (‘89/’90), el plan bonex (‘90), el corralito, el corralón, el default (2001/2002), y desde hace unos años nuevamente la inflación y ahora las restricciones al mercado de cambios, explica en buena medida porqué el sector privado prefiere ahorrar en dólares y preferentemente sin intermediación de instituciones locales.

LA OPOSICIÓN NO NECESITA UNIFICARSE, titula Andrés Malamud su análisis sobre la mejor estrategia para las legislativas del años que viene. La fragmentación de los opositores suele considerarse una desventaja, pero no lo es. En 2013, como en 2009, separados es mejor.

La inflación es un fenómeno que castiga principalmente a los más pobres, ya que ellos carecen de activos de refugio (moneda extranjera, tierras, propiedades). Éste es el motivo por el cual nadie que esté verdaderamente preocupado por la inclusión social y la equidad distributiva puede distraerse cuando una economía ingresa en una fase inflacionaria, que inevitablemente agudizará la desigualdad en la distribución del ingreso. Así comienza ES HORA DE RECONOCER LA INFLACIÓN, por Alieto Guadagni.

Luis Alberto Romero, en GOBIERNOS FUERTES Y ESTADO DÉBIL analiza los argumentos de dos bandos en pugna. Para uno, el actual "modelo" incluye una recuperación de la iniciativa del Estado, que supera la larga etapa "neoliberal". Para el otro, el problema reside en la pérdida de la institucionalidad republicana y en la reducción de la democracia a un sufragio plebiscitario.

Un completo INFORME FISCAL PRELIMINAR SOBRE PRESUPUESTO 2013, elaborado por Luciana Díaz Frers, Estefanía Casadei y Juan Ignacio Surraco, permite detectar que el Gobierno sigue priorizando al gasto social (alcanzará casi el 63 %). Paradójicamente, los programas emblemáticos de protección social solo crecen 7 % anual, menos que la inflación esperada (por el sector privado).

DE CRISIS E IMPACTOS, por Carlos Fara analiza el rumbo de la opinión pública ante una serie de hechos de gran repercusión, lo que no significa necesariamente impacto en esa opinión pública.

José María Fanelli, en EL CAMBIO DE RÉGIMEN COMO POLÍTICA DE AJUSTE MACROECONÓMICO desnuda la debilidad del marco institucional del actual gobierno. Si bien las reglas de juego por sí solas no generan riqueza, su papel en el crecimiento es clave porque influyen decisivamente sobre los incentivos y la coordinación de las actividades económicas. De aquí que, dos economías con recursos idénticos, pueden mostrar desempeños muy diferentes si la calidad de sus marcos institucionales difiere.

Un largo rosario de errores políticos y de gestión está minando la base de poder del kirchnerismo y la imagen positiva de la presidente. El triunfo de Hugo Chávez y la euforia del cristinismo. Las profundas diferencias contextuales entre ambos proyectos políticos.
La distancia entre la realidad y los deseos del cristinismo es cada vez más ancha y la brecha que los separa es consecuencia de la aplicación de medidas de facilismo económico y el ejercicio del populismo político. Ambas características, que son las palas que “profundizan el modelo” amenazan con cavar una trinchera de la que resultará difícil salir. La contumacia del verticalismo – y las dificultades económicas – están dejando a la luz graves problemas de gestión que se extiende a los más variados actos de gobierno. Un repaso de los últimos hechos salientes nos permite hacer la historia del extravío de un oficialismo, que como Chávez Jr. – no el idolatrado Hugo- tira golpes en forma desesperada en busca del manotazo salvador.
Racconto fatal
Luego del papelón del partido de fútbol amistoso entre Argentina y Brasil, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich recibió un cachetazo del BCRA, una “externalidad” del control de cambios implantado hace meses y “perfeccionado” día a día. Como la provincia no consiguió algo más de 260.000 dólares para honrar sus bonos emitidos en el año 2006 – y que deben cancelarse en esa moneda – simplemente remitió el equivalente en moneda nacional, pesificando de hecho su deuda. Esto arrastró las acciones líderes en la Bolsa de Comercio porteña donde el índice Merval cayó 2 por ciento. También impactó en Wall Street donde las acciones de bancos locales que cotizan en Nueva York experimentaron fuertes bajas. Para agregar más zozobra al caso el vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto apoyó la pesificación hundiendo los mercados de bonos.
En quince días, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Armada fueron descabezadas por razones diversas con un origen común: la mala gestión. En el caso de las fuerzas de seguridad interior, la puesta en vigencia de un decreto provocó un descalabro en la estructura salarial de los uniformados, que en una acción sin precedentes, se manifestaron con reivindicaciones gremiales, sin ninguna connotación política. El desaguisado – que aún no se resolvió – les costó la cabeza a los jefes de las fuerzas y al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y hermano de la ministra Nilda Garré.
El jefe de la Armada, en tanto, renunció ante la baja impuesta a dos subordinados, en razón del embargo que sufre el buque insignia de la fuerza secuestrado contra todo derecho internacional por un juez de primera instancia de la República de Ghana, en respuesta a la demanda de un fondo buitre. Este hecho implica de lleno al canciller Héctor Timerman, ministro que cuenta con más vidas que un gato a juzgar por el récord de torpezas cometidas desde que reemplazo a Jorge Taiana.
En el campo de las relaciones internacionales Timerman encabeza la espinosa tarea de negociar con la República Islámica de Irán el juicio a los funcionarios con pedido de captura internacional, acusados de perpetrar los atentados de la Embajada de Israel en la Argentina y de la AMIA. El reciente acercamiento a un país que desconoce la muerte sistemática de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y propone la eliminación de Israel por la fuerza, no sólo atenta contra los derechos humanos universales, sino que le ha costado al cristinismo la oposición y el pesimismo de los líderes de esa comunidad.
Transporte, energía y educación son los pilares endebles sobre los que se asienta el modelo y el relato, claro está. En el primero, el kirchnerismo instaló el esquema de negocios para amigos con subsidios públicos. Precios congelados, subsidios a la oferta y baja inversión. Los subsidios se multiplicaron por 30 en 8 años pero el servicio no sólo no mejoró en tal nivel sino que se deterioró incuestionablemente. El “modelo” requirió subsidios a los operadores por más de 140 millones de pesos en el año 2003, pasando a 2500 millones en el año 2011. El promedio de inversión en el transporte público es inferior durante el kirchnerismo (50 millones de dólares por año), que durante el menemismo (70 millones de la misma moneda por año).
Hasta hace poco tiempo, la Argentina se autoabastecía de energía. Este año, sólo para su importación, habrá que erogar 12.000 millones de dólares. Mientras el kirchnerismo tuvo superavit fiscal abundante se habló solamente – y poco – de los negociados, puntos oscuros e inconsistencias en estas operaciones. Hoy no sólo se evidencia el trasfondo corrupto de la gestión, sino que quedan a la intemperie las incapacidades y errores del gobierno.
En 2008, cinco años después de la llegada de los Kirchner, la Argentina ya llevaba 10 años seguidos de caída de sus reservas hidrocarburíferas. Pese a eso, hasta 2012 el gobierno sostuvo a Repsol.
Las exploraciones de nuevos pozos durante esta década fueron menos que en los ‘80 y en los ‘90. Eso habla a las claras de inhabilidad en los funcionarios del área. Se decidió, entonces, avanzar con la recuperación de YPF. La presidenta nombró al frente de la empresa a un reconocido experto en la materia, Miguel Galuccio. Un par de semanas después, mientras Galuccio buscaba inversores en el exterior que confiaran en la nueva YPF, el ejecutivo publicó el decreto 1277 con un conjunto de controles y regulaciones sobre las inversiones, precios y ganancias que ahuyentaron los intereses que el jefe de YPF procuraba. El decreto es ilustrativo de que lo urgente (dólares) prima sobre lo importante (inversión y desarrollo).
En materia de gas, el Estado subsidia la importación en lugar de invertir en la producción nacional de los recursos. Aquí, la mala gestión del kirchnerismo no sólo estuvo dada por las oportunidades perdidas -que son muchas y evidentes en un mundo que necesita energía-, sino también por la pérdida sostenida de una posición estratégica como es el autoabastecimiento.
En el sector energético –ahora comandado por Axel Kicillof – la crisis va en aumento. Luego de colocar en virtual quiebra a las distribuidoras de gas y electricidad, ahora golpea las puertas de las generadoras y productoras. Como las distribuidoras decidieron dejar de pagarle a la mayorista Cammesa ante el congelamiento tarifario, Kicillof trasladó el problema a las generadoras. Lo mismo ocurre con el gas y las petroleras.
En educación, el gobierno demuestra que el aumento de recursos no se traduce necesariamente en mejores resultados. Las evaluaciones de calidad de enseñanza muestran que el incremento de puntos del PBI que van a educación – y de los que se jacta el gobierno – no corresponden a una mejora, todo lo contrario, el sistema educativo está en crisis. Otro indicador es lapidario: desde 2002 a la actualidad, creció la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan.
Además, la politización de los estudiantes secundarios ha causado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires una conflictividad inédita y sin fin que evidencia una absoluta falta de planificación del mediano y largo plazo en la materia.
La Justicia merece gran atención, debido a que su mal funcionamiento es motivo de uno de los reclamos más importantes de la sociedad. La designación del juez que tendrá a su cargo resolver la cuestión de la cláusula de desinversión de la Ley de Medios Audiovisuales está atorada en el Consejo de la Magistratura y los esfuerzos del gobierno por imponer su candidato ha llegado a pedir a la Corte Suprema que intervenga en el Consejo de la Magistratura, ya que allí no logra imponer magistrados propios para que avancen con la interpretación oficial de dicha cláusula. El ministro de justicia Julio Alak también le planteará a la Procuración General de la Nación que investigue penalmente a cinco miembros de ese Consejo.
El gobierno apunta en especial al juez Ricardo Recondo, que es miembro del Consejo de la Magistratura, al que el kirchnerismo quiso recusar y no pudo. El ministro también cuestionó al ex juez Edmundo Carbone. “El Gobierno no hubiera querido hacer estas presentaciones, pero a las instituciones hay que protegerlas”, declaró Alak. Según el ministro, el descuido institucional se da porque el Consejo de la Magistratura no quiere nombrar jueces que ya trabajan para el Gobierno como titulares de juzgados.
El Gobierno interpreta que la Corte puso como fecha "límite" de esa cautelar al 7 de diciembre. Por eso ha convocado a su militancia a "vigilar" el advenimiento de ese día como una fecha clave en la lucha contra las corporaciones, lanzando una muy anticipada campaña instalada en los medios públicos y oficialistas.
La Auditoría General de la Nación también sufrió un nuevo ataque al querer dar por terminada la presidencia del Leandro Despouy al frente de la misma. La maniobra que se suma al hecho de que ese órgano de control ya cuenta con una mayoría oficialista, se inscribe en la intención de terminar con todos los controles institucionales al poder.
El capítulo sindical es uno que ya se ha tratado aquí con intensidad. No obstante, la dificultosa y larga unción del Antonio Caló como nuevo jefe de la CGT oficialista, refleja el costoso movimiento político del cristinismo de haberse sacudido de encima a Hugo Moyano. En momentos en que aumenta la conflictividad laboral, en vez de contar con un caudillo como el camionero, el gobierno tiene que hacer malabares con un movimiento obrero partido en cuatro partes reconocibles, de las que las dos mayores nuclean a la oposición. Caló tampoco tuvo un feliz debut. A poco de asumir se desató el conflicto con la Prefectura y la Gendarmería, ante lo que declaró a la agencia DyN "todo lo que sea un reclamo de los trabajadores lo vamos a apoyar. Cuando hay un reclamo salarial la CGT lo va a tener que acompañar". A las pocas horas recibió la instrucción de retractarse.
Todos estos yerros políticos, sumados a la tozuda insistencia en medidas económicas de probada historia fallida aquí y en el mundo, han deteriorado la imagen de la presidente que cayó más de 30 puntos en los primeros nueve meses de mandato.
Chávez ¿for ever?
El triunfo del inefable Hugo Chávez, encaramado en su cuarto mandato y hacia 20 años de poder ha significado un espaldarazo vital para Cuba y un alimento para las huestes del cristinismo militante, los mismos que atizan la re reelección indefinida de la presidente. Pero lo que ocurre es que la Argentina no es Venezuela y existen tres factores que limitan las posibilidades de chavizar nuestro país. En primer lugar, ambos comparten el boom regional de buenos precios de los recursos naturales que producimos, aunque en el caso de Venezuela el petróleo está en manos del Estado, mientras que la soja en la Argentina depende de las decisiones de inversión del sector privado. En segundo término, una extendida clase media en la Argentina sostiene los valores republicanos y son críticos a las aventuras populistas. Y por último, las Fuerzas Armadas Venezolanas son parte activa del gobierno, mientras que aquí se encuentran en un estado de absoluta sujeción al poder civil, luego de su rotundo descrédito público y su enjuiciamiento, apenas recuperada la democracia.
Despejado el camino hacia el 2019, Chávez tiene la responsabilidad de enfrentar los graves problemas que aquejan a su país, el de más alta inflación en el mundo, con un Estado impotente para monopolizar la violencia legítima, lo que causa un altísimo índice de criminalidad.
La incertidumbre aqueja a Venezuela y el fantasma de la sucesión agrava el cuadro. Nicolás Maduro que ya es el segundo hombre más poderoso del gobierno queda en primera fila de la sucesión si la enfermedad del mandatario reapareciera y lo alejara del poder.
El canciller – fuerte defensor de la revolución cubana -representa el sueño socialista de que un trabajador llegue al poder. Apenas con el título de bachillerato, comenzó a manejar los buses del sistema del metro de Caracas, luego fue sindicalista, militante y por último político de primera línea. La gestión de Maduro como canciller fue clave en la firma de acuerdos bilaterales con China, Rusia, Bielorrusia e Irán, al tiempo que lanzaba duros dardos contra Washington, el “imperio” enemigo de Chávez y principal comprador del petróleo venezolano.
También lo señalan de formar parte de una nueva suerte de élite económica conocida localmente como la "boliburguesía", nacida a la sombra de la revolución y sus ingentes recursos.
Además de la fuerte amistad con Chávez, Maduro tiene músculo político. Es un convencido de la revolución y maneja un espacio de poder fortalecido tras el nombramiento de Flores como Procuradora General de la República. También goza del respaldo de un amplio sector de la bancada oficialista en la Asamblea.
Es visto como menos duro que Elías Jaua, quien dejará la vicepresidencia esta semana para competir por la gobernación del emblemático estado Miranda y enfrentarse a Henrique Capriles, que perdió la elección presidencial frente a Chávez.
Hay otros dos líderes con poder a la sombra del Comandante: el mencionado Jaua, dirigente de los movimientos sociales y el general Diosdado Cabello, un militar que preside la Asamblea Nacional – es vice del PSUV- y controla 26 diputados de un total 98 miembros. No simpatiza con el gobierno cubano y está enfrentado con grupos del ejército sospechados de vinculaciones con el narcotráfico.
El panorama venezolano es complejo y su Estado no parece estar, política y administrativamente a la altura de los desafíos que se avecinan.

Publicado en Escenarios Alternativos

El domingo 7 de Octubre, la elección a presidente de Venezuela consagró por un nuevo periodo a Hugo Chávez Frías con una clara diferencia respecto de Henrique Capriles, el candidato de la Mesa de Unidad Democrática.

Así, en elecciones no discutidas merced al voto electrónico y al trabajo de un  hoy sí respetado Consejo Nacional Electoral, el Presidente Chávez iniciará el próximo mes de enero su cuarto mandato consecutivo, extendiendo su presidencia hasta el año 2019, con lo que sumaría 20 años de permanencia en el poder.

Este dato, al menos infrecuente y llamativo cuando se piensa en sistemas de base presidencialista como el que rige en toda América, requiere ser visto en perspectiva. En el cuadro siguiente se ilustra la dinámica electoral de un país socialmente fragmentado y con una alta polarización política.

Resultados Electorales (En millones de votos)
Año	Tipo de Elección	Chávez	Oposición
2000	Presidencial	3,757	2,359
2004	Referendo revocatorio	5,862	3,989
2006	Presidencial	7,309	4,3
2007	Referendo reelección indefinida	4,379	4,504
2009	Referendo reelección indefinida	6,310	5,2
2010	Legislativa	5,5	5,6
2012	Presidencial	8,0	6,5

Una primera conclusión es el mejor desempeño del oficialismo cuando se trata de elecciones presidenciales. En efecto, cuando perdió la elección legislativa en el año 2010, el oficialismo obtuvo 1,8 y 2,5 millones de votos menos que en las elecciones presidenciales de los años 2006 y 2012, respectivamente.

La comparación también revela que, si bien el oficialismo pudo recuperarse de la mala performance en la elección legislativa y ampliar su base electoral en 700 mil votos, comparando los resultados de las últimas elecciones presidenciales, la candidatura de la oposición creció de una manera notable en alrededor de 2,2 millones de votos, un 50% más que los obtenidos seis años atrás.

Las claves que ayudan a entender esos resultados son la utilización, sin reconocer limites de ninguna naturaleza, de todos los recursos del Estado por parte del partido gobernante y, en el caso de la oposición, la revisión estratégica de su posicionamiento político.

 

Uso sin límites de recursos públicos

 

El desempeño electoral del oficialismo se sustenta en la disposición de una holgura fiscal sin precedentes que le permitió y permite financiar programas sociales. Con eso, agrandó el poder de un presidencialismo que arrasó con lo controles y contrapesos institucionales característicos de todo ordenamiento republicano, aprovechándose sin pruritos del llamado “ventajismo político”.

En la República Bolivariana de Venezuela, como en toda la región, se verificaron los impactos positivos del incremento de los precios internacionales de los productos primarios que, en el caso del petróleo, se multiplicó en más de diez veces desde la asunción del Presidente Chávez en el año 1999.

Esos mayores recursos permitieron atender algunos requerimientos sociales que, a través de mecanismos de clientelismo político (los servidores públicos y los beneficiarios de programas sociales alcanzan alrededor de la mitad de los electores), han mejorado los indicadores de pobreza e indigencia. A pesar de la disponibilidad de recursos, las debilidades de una economía, que se distingue por ser monoexportadora de recursos naturales no renovables y por la dependencia casi completa a la importación de bienes intermedios y alimentos, no han sido modificadas en sus bases fundamentales. Así, la ausencia de un plan de reformas ha consolidado una estructura económica rentística que reproduce modestas tasas de crecimiento con elevadas tasas de inflación.

Asimismo, se verifica una gran fragilidad del Estado de Derecho que es, en buena medida, el resultado de un Poder Legislativo subordinado a la voluntad política del Poder Ejecutivo. Esta irrelevancia legislativa, primero por la inconducente abstención opositora y luego por la sobre representación que produce la manipulación oficialista del sistema electoral, deviene en la disposición oficial del Poder Judicial, así como también de la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

En efecto, a pesar de que el Referéndum Constitucional de diciembre del 2007 rechazó las iniciativas oficiales, la mayoría legislativa oficialista consagró iniciativas que son validadas en la Justicia como, por caso, normas sobre procedimientos de expropiación que saltean la disposición de utilidad publica por el Congreso y manipulaciones de circuitos electorales. Adicionalmente, luego del triunfo opositor en las elecciones parlamentarias del año 2010, la mayoría – antes de finalizar sus mandatos y de que asuman los nuevos legisladores – sancionó una norma de excepción que aún rige, conocida como Ley Habilitante, para proveer de poderes legislativos al Presidente por encima de las potestades del Congreso.

Además de aplicar una invariable lógica de corto plazo en la administración de los recursos materiales y de concentrar al máximo el poder en cabeza del Presidente, un buen ejemplo de patrimonialismo y del uso partidista de los resortes del Estado por parte del gobierno y que contribuye a hacer más desparejo el campo electoral – particularmente relevante en una elección- es la apropiación del espacio comunicacional. En los noventa días de campaña, el Presidente Chávez recurrió en 31 oportunidades al uso de la cadena de radio y televisión, en ocho ocasiones coincidiendo con actividades proselitistas del candidato Capriles. Esas transmisiones “obligatorias” para los medios de comunicación – incluso en la víspera de la elección- sumaron 48 horas, cuatro veces más que lo utilizado por el propio Chávez en la anterior campaña presidencial.

El inicio de un camino

La oposición, por su parte, desandó el camino de errores de su accionar pasado – que incluyó la abstención electoral- caracterizado por la fragmentación y la falta de ideas propositivas, llevando adelante un proceso de diálogo entre distintos sectores políticos y sociales a través del cual fue posible formular un programa de acción política y ofrecer candidaturas unificadas.

Ese desarrollo tuvo un hito en la elección abierta de candidatos para todos los cargos electivos, con la participación de más de tres millones de ciudadanos, de la que resultó electo Henrique Capriles y el resto de los candidatos que competirán en las próximas elecciones regionales y comunales de los próximos meses de diciembre y abril, respectivamente.

La estrategia de la oposición se planteó evitar la dicotomía agresiva del oficialismo y, en cambio, propuso un camino de superación de la lógica binaria preferida del oficialismo de “amigo-enemigo” con un contenido esencialmente republicano y que convocaba a la unión nacional y la formación de consensos, sin ignorar las mejoras en las condiciones sociales de vastos sectores de la sociedad venezolana. El candidato Capriles se presentó como garante de un futuro común y pluralista para todos los venezolanos y con el lema de “hacer las cosas bien” se instaló la propuesta de garantizar, a través de normas legales, los programas sociales que, hoy por hoy, están a merced de la discrecionalidad del Gobierno.

El futuro próximo

 

En Venezuela, con la elección del domingo concluyó la incertidumbre electoral, sin embargo, sigue vigente la incertidumbre política expresada en una sociedad dividida en partes casi iguales que debe enfrentar desafíos sustantivos. Además de la inflación, una de las más altas del mundo, Venezuela se ubica entre los 25 países más violentos del mundo, a pesar de no ser un país que enfrenta conflictos armados domésticos ni sufre agresiones externas.

Es pertinente preguntarse sobre las fortalezas y capacidades de esta verdadera “democracia de un solo poder” que rige en Venezuela para afrontar estos desafíos. Es razonable dudar de la eficacia de un régimen híper presidencialista, afecto a la democracia plebiscitaria, que descree decididamente de la práctica política basada en la construcción de consensos y adjudica conductas antipatrióticas a todas las discrepancias.

Por otro lado, el movimientismo bolivariano – con sólida presencia militar reflejada en buena parte de los cargos públicos – se pretende capaz de crear una nueva instancia política global, la difusa y confusa V Internacional del Socialismo del Siglo XXI, con las inevitables y  riesgosas consecuencias para el equilibrio regional por su asociación directa con regímenes que cuestionan el orden jurídico internacional.