Corrupción y estabilidad política

A fin de 2017, la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) organizó en la UNTREF de Buenos Aires su VII Conferencia, titulada América Latina y Europa: ¿miradas compartidas ante un momento de cambio? Participé en la mesa sobre corrupción, estabilidad política y regeneración democrática junto con el Director del IELAT de la Universidad de Alcalá, Daniel Sotelsek, los profesores Andrés Molano-Rojas y Francisco Jiménez García, y el presidente del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, Sergio Abreu.

La corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de las sociedades latinoamericanas, tal como lo demuestran las repercusiones regionales del escándalo Odebrecht. Sin embargo, no se trata de un fenómeno circunscripto a la región, lo que nos lleva a preguntarnos si es posible una mirada comparada con Europa y también, por sus repercusiones, sobre la estabilidad política y la calidad democrática en general.

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Planificación turbia

A pesar de que entre 2003 y 2016 el Estado Nacional transfirió US$ 4.700 millones a YCRT, en ese período no se concretaron los objetivos previstos. Más aún, la mina prácticamente dejó de operar.

Ayer aprobamos por unanimidad en el Colegio de Auditores Generales de la Nación un informe sobre el Plan de Reconversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que fue remitido a la Justicia en el marco de una investigación que tiene secreto de sumario.

Al trabajar el tema fui tomando contacto con fuentes públicas de información -como la auditoría que llevó adelante la SIGEN o las transferencias de dinero realizadas por el Estado Nacional- que se suman a los hallazgos de informes anteriores de la AGN y que me llevan a concluir que YCRT es un caso de estudio sobre mala planificación estatal difícil de igualar en la historia argentina.

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Hallazgos de auditoría sobre el INCAA

El pasado 14 de septiembre, el INCAA publicó una resolución que produjo el rechazo de algunos sectores.

Sin duda el debate sobre el fomento de la actividad audiovisual nacional tiene muchas aristas y debe ser discutido por los expertos y participantes del sector.

Pero hay un aspecto, que tiene que ver con la gestión de los fondos públicos destinados a créditos y subsidios, en el cual es importante tener en cuenta la opinión de la Auditoría General de la Nación.

La AGN ha señalado falta de objetivos, criterios y control en la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico en la última década.

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Una mentira muy cara

Los argentinos pagamos un alto precio por mentir sobre la inflación del país.

En junio de 2016 el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó una revisión de la serie del Producto Bruto Interno (PBI), según la cual la Argentina, en términos reales, creció un 45% entre 2004 y 2014.

Con anterioridad -y bajo la influencia del ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno-, el INDEC informaba un crecimiento del 63% para el mismo período.

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Desvíos a corregir

La misión de la AGN reza que debemos buscar el perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad. En las auditorías que vamos realizando, encuentro que -lejos de la perfección- hay una serie de vicios recurrentes que van en detrimento de la sociedad.

En la anterior entrada, me referí al manejo discrecional de fondos. A ese gran desvío de las normas se suman otros dos -también de frecuente aparición- sobre los que quisiera llamar la atención: la falta de rendición de cuentas y las contrataciones irregulares. Este combo dispersa los fondos públicos e impide que se canalicen hacia el logro de los objetivos sociales para los cuales fueron recaudados.

En lenguaje llano, sucede lo siguiente: a criterio propio, los funcionarios deciden a qué causas, personas, organizaciones, empresas y localidades le dan la plata. Luego hacen una de dos cosas: contratan proveedores en forma directa, evitando concursos de precios o licitaciones; o bien -si las obras o servicios están a cargo de terceros- se desentienden por completo, sin controlar que efectivamente se haya hecho lo debido.

Destaco informes aprobados recientemente que exhiben algunos de estos comportamientos. Se trata de auditorías que cubren el período 2013 – 2015.

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