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¿De crisis a oportunidad?

Cartel Coronavirus COVID-19 Buenos AiresLa pandemia viene de la mano de una mayor exigencia sobre la rendición de cuentas y comienza a entenderse que, sin control sobre los gobiernos, peligran las garantías para el goce de los derechos humanos. Esta demanda social es una oportunidad pero -en Argentina y otros países de Latinoamérica- primero hay que resolver un problema de fondo: muchos de los actores políticos, sociales y  gubernamentales relativizan, ignoran, eluden o niegan las leyes.

El jueves pasado participé de un webinario organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas-UNDESA y la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019-OPEN BUDGETS, titulado “De crisis a oportunidad: ¿cómo pueden medidas fiscales abiertas y responsables en respuestas al COVID-19 contribuir a la implementación de la Agenda 2030?”

El planteo es interesante ya que, en medio de una crisis de proporciones sólo comparables a la del ’30 (ver “Los desafíos de la gobernanza frente al COVID-19”), la exigencia de la población de un reporte sobre cómo se gasta cada peso para responder a la pandemia y atender sus consecuencias, puede acelerar el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH) hizo un señalamiento clave, que resulta particularmente relevante para los que ejercemos el control de la cuentas públicas: en la actual situación de pandemia, para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos es indispensable que los gobiernos fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas.

Sin rendición de cuentas, no se puede garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Este llamado de atención se fundamenta en la falta de criterios claros para rendir las cuentas sobre los gastos realizados, tal como surge de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, que muestra una débil transparencia y supervisión del gasto público.

El hecho de que la lupa se haya puesto sobre el gasto público -y que además se esté comenzando a visibilizar la relación entre rendición de cuentas y derechos humanos- es un buen augurio.

En nuestra región, tenemos varios obstáculos para lograr transformar crisis en oportunidad, y algunos riesgos de que la crisis se transforme en hecatombe.

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General Informes AGN

El IFE es tan necesario como su control

Hoy estuve, de modo virtual, en el Senado.  Participé, junto al resto de los integrantes del Colegio de Auditores Generales de la Nación, de una reunión convocada por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas con el propósito de tratar los detalles de nuestro plan de auditoría en marcha y ponderar diversos pedidos de auditoría que se canalizan a través de esta comisión bicameral dedicada exclusivamente al vínculo con la AGN.

Uno de los pedidos que ingresó hoy a la bicameral va en línea del presentado por mi colega, el Dr. Alejandro Nieva, en el Colegio de Auditores Generales del miércoles pasado. Se trata de auditar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El IFE  ha sido una pieza clave de contención y apoyo, dada la enorme pérdida de ingresos que han sufrido los hogares como resultado de la pandemia y el aislamiento social. De modo tal que su necesidad no está en duda.

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Buena Gobernanza General Política

Dinero, política y democracia

Foto por Oleg Magni en Pexels

Regresé esta semana de la segunda reunión anual de la Red Global de Auditores organizada por la OECD donde, si bien el tema principal planteado era el de los desafíos de auditar en la era digital, hubieron sesiones que giraron sobre integridad y transparencia (o su ausencia). Es que la corrupción política que se extiende en América Latina es una preocupación creciente. Sobre ésto y su vinculación con el financiamiento de los partidos políticos -algo que en la Argentina ahora se está debatiendo en el Congreso- realicé algunas reflexiones que publicó este fin de semana el diario Perfil. Abajo transcribo el artículo y agrego algunas notas para quien quiera mayor profundidad sobre algunos temas.

Los golpes de Estado y los autoritarismos fueron, en el siglo pasado, el rasgo distintivo y dominante del paisaje institucional en América Latina. En tanto, las elecciones de 1983 en Argentina iniciaron una dinámica política que llevó a la región a tener en nuestros días –salvo en el caso de Cuba– gobiernos elegidos democráticamente en elecciones que, con la excepción de Venezuela, no han sido cuestionadas en su legitimidad.

Sin indulgencia. Ese gigantesco paso adelante está siendo negativamente afectado, en la mayoría de nuestros países, por resonantes casos de corrupción que ya no cuentan, como en el pasado, con actitudes indulgentes llenas de argumentos economicistas que pretendían justificar la corrupción con los supuestos beneficios de empresas y empresarios audaces, imprescindibles para salir de la trampa del atraso económico.

La corrupción expone la captura del Estado por parte de élites, es una suerte de privatización de la política pública que pone en jaque las instituciones y el estado de Derecho.

Por el contrario, se extiende la convicción de que la corrupción expone, por un lado, la perniciosa captura del Estado por parte de algunas élites que, en ocasiones, exhiben un despliegue a escala supranacional y, por otro lado, esa verdadera “privatización de la política pública” amenaza, al socavar la confianza social en las instituciones, la estabilidad política y la vigencia del Estado de derecho.

El Departamento de Justicia de USA reveló que la empresa Odebrecht obtuvo ganancias por 2996 millones de dólares en sus operaciones en 10 países de América Latina y reconoció haber pagado sobornos por 780 millones de dólares, principalmente en Brasil y la República Bolivariana de Venezuela.

El número de países afectados, la magnitud de los fraudes y su repercusión social han renovado el interés académico sobre el estudio de las posibles razones que explican la existencia de actos de corrupción dejando de lado la simple y equivocada idea, todavía presente en grupos políticos de matriz ideológica conservadora, de que el tamaño del Estado determina el nivel de la corrupción.

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Informes AGN

2018: un año centrado en lo global

La semana pasada aprobamos los últimos informes de 2018 en el Colegio de Auditores, entre ellos un detallado análisis de los fondos públicos aplicados al programa Futbol para Todos (ver síntesis) y un estado de situación del sector del transporte de pasajeros de larga distancia (ver síntesis). 

Ver síntesis de las auditorías destacadas de 2018

Con esto cerramos el 2018, un año en el que la Argentina fue anfitriona del G20 y la AGN también realizó su aporte para proyectar al país en el mundo: fue sede de la Asamblea Anual de la OLACEFS, organizó un seminario internacional sobre igualdad de genero y acordó varios proyectos de alcance global

Les acerco una vista sintética de mis posts 2018 sobre la AGN y les dejo un saludo de fin de año junto al deseo de que 2019 nos impulse a seguir construyendo cada vez más ciudadanía.

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Buena Gobernanza General

El control de los gobiernos latinoamericanos

Foto oficial de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS. CCK, Buenos Aires, 2018.

Después de más de 20 años, Buenos Aires volvió a ser la sede para el encuentro anual de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS).

La semana pasada, la Auditoría General de la Nación fue anfitriona de la  Asamblea General que reúne a los organismos de América Latina, España y Portugal que tienen como misión auditar fondos públicos y controlar la gestión gubernamental en sus países.

La preparación requirió de un esfuerzo de meses por parte del conjunto de empleados públicos de la AGN.  El presidente Oscar Lamberto hizo un reconocimiento especial al trabajo de los organizadores, coordinadores, facilitadores y voluntarios en la ceremonia de inauguración en el CCK, destacando que “Todos los aspectos técnicos, ceremoniales, logísticos, de comunicación, de tecnología, de seguridad y de salud fueron realizados por personal de la casa.”