Obama y los millonarios

obama En su discurso anual frente a la Asamblea Legislativa, el Presidente Obama dijo, al proponer una reforma fiscal,  que “ debemos dejar de subsidiar a los millonarios”.

Lo hizo, seguramente, teniendo en cuenta la oposición republicana, con mayoría en la Cámara de Diputados, a modificar la estructura impositiva consagrada  durante las administraciones Bush.

El tema tiene actualidad por varias razones: probablemente haya tenido en cuenta  que, en las internas en el campo republicano, un tema controvertido  es la reducida contribución por impuestos a las ganancias que paga un millonario ex gobernador con chances de ser el candidato que finalmente enfrentará a Obama.

Pero, seguramente, la reflexión está fundada en la creciente desigualdad  verificada en la sociedad norteamericana. En efecto, en un reciente estudio, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en ingles)  acaba de demostrar que entre los años 1979 y 2007 los ingresos  de los hogares en EEUU aumentaron, en términos reales, en promedio, un 62%. Este ingreso está calculado luego de las transferencias por los distintos programas incluidos en el Presupuesto desde el sector público nacional a los ciudadanos y del pago de los impuestos nacionales por parte de los contribuyentes.

Pero lo más interesante del trabajo es que, cuando se analizan los hogares por tramos de ingreso , se comprueba que para el 1% de la población con ingresos más altos el aumento fue del 275%, mientras que para el 20% de la población con menores ingresos el incremento real fue solo el 18% más alto en  2007 en relación al año  1979. Como resultado de este diverso incremento en los ingresos de los hogares , la distribución del ingreso en los Estados Unidos -después de impuestos- es más desigual en 2007 que en 1979.

La mayor desigualdad  en los EEUU se verifica a pesar que tanto los gastos públicos en transferencias hacia los individuos, como la estructura tributaria tienen sesgos progresivos,  inversamente a lo que sucede en  América Latina.

En  los países desarrollados, el impuesto a las ganancias es relevante y, mayoritariamente, es pagado por las personas físicas.

En nuestra región de América Latina, por el contrario, los ingresos públicos mayoritarios son por gravámenes sobre el consumo o surgidos del comercio exterior y, cuando se cobra impuestos a las ganancias, lo recaudado por impuestos a las empresas duplica lo que ingresa por lo pagado por las personas físicas. Exactamente a la inversa de lo que se observa en los países desarrollados donde la carga impositiva en el impuesto a las ganancias recae mayoritariamente  en las personas físicas para poder capturar, precisamente, la mayor capacidad contributiva.

En la Argentina, en tanto, la estructura tributaria es claramente regresiva. Adicionalmente, por el lado de los gastos,  cuesta creer que los subsidios al consumo de los servicios públicos por los sectores mas acomodados de la sociedad ( equivalentes a más del 17%  del Presupuesto de la Nación y 4 % del PIB)  y los miles de millones de dólares destinados a financiar el déficit de Aerolíneas Argentinas sean eficaces para mejorar la distribución del ingreso.

Los Autodenominados Progresistas

La semana pasada estuve en Montevideo a cargo de un Seminario para Legisladores Nacionales de los países integrantes del Mercosur, y de Bolivia y Paraguay, organizado por el Programa de Fortalecimiento Legislativo que dirijo en la Sede Académica Argentina de FLACSO.

En el temario tenía un lugar destacado la dimensión fiscal, tanto en los aspectos del gasto público, como de los ingresos de los Gobiernos.

En las presentaciones, por cierto, estuvo demostrada la condición que distingue a  América Latina, esto es ser la Región más desigual  del planeta de acuerdo al Indice de Gini, pero el dato que más impactó a los participantes del Seminario fue que no siempre la presencia del Estado a través del Gasto Público mejora los datos de distribución del ingreso.

En efecto, para algunos países de nuestra región, por caso Argentina y México, la distribución del ingreso entre los más favorecidos de la escala social y aquellos más desprotegidos es, luego de la acción estatal, más regresiva. Por el contrario, para otros como Brasil y Chile, el desempeño del Sector Público contribuye a reducir la brecha de desigualdad.

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Estos datos demuestran que, aunque la Argentina multiplicó por seis el volumen de gasto desde que el matrimonio Kirchner esta en la Casa Rosada, importa más su composición y, por cierto, la estructura tributaria que lo financia.

Se impone, entonces, la pregunta de cómo es posible que un gobierno se pretenda progresista cuando su acción desde la conducción del Estado hace que las políticas públicas empeoren la distribución del ingreso que realiza el mercado.

Lecturas Recomendadas

En el último número de Escenarios Alternativos, además de la tradicional coyuntura política donde se analiza la dinámica del creciente conflicto político, publicamos varios trabajos interesantes. Entre ellos, un artículo de Liliana de Riz sobre la utopía regresiva de los Kirchner que recorren, según  la autora, “ un camino que no es democrático ni progresista”, uno  de Orlando Costa y Fabio Quetglas donde se fundamenta la incorporación del tema de los gobiernos locales en la agenda urgente de una propuesta transformadora y, también, una presentación de Heraldo Muñoz, responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  sobre la prioridad democrática de la reducción de la desigualdad en América Latina.

Desigualdad y Democracia

La región de América Latina  no sólo es la más desigual del planeta sino que, además, el país menos desigual lo es en mayor medida que cualquier otro de los países del mundo desarrollado. Esa desigualdad social es en América  Latina, y también en nuestro país,  un riesgo para la estabilidad democrática y la convivencia pacífica.

El análisis de los datos  de la Argentina, a pesar de las manipulaciones oficiales, permite comprobar que de las personas cuyos ingresos familiares no superan la línea de pobreza, el 40% son niños menores de 15 años y que el gran Buenos Aires concentra el 46% de las personas pobres del país.

Esta  dramática realidad , que desafía la conciencia  social, se manifiesta  a pesar de la recuperación económica y de los casi 10 puntos del PBI que aumentó el gasto público en los últimos ocho años lo que evidencia, al menos, un muy discutible orden de prioridades en la gestión del matrimonio gobernante.

De allí que resulta imperioso que en la inminente discusíón presupuestaria, el Congreso propicie normas que, alejadas de todo facilismo económico, atiendan el problema de la desigualdad.

Para ello, resulta indispensable consagrar por Ley la Asignación Universal por Hijo  que recién a fines del año pasado implementó el Gobierno, de manera parcial,  como resultado de la presión política, el reclamo social  y la recomendación académica. Esta Asignación debiera ser más abarcativa y transparente – evitando errores de exclusión y minimizando el clientelismo- y, además, prever un mecanismo de actualización ya que la decidida en Diciembre lleva perdido hasta ahora un cuarto de su capacidad de compra por efecto del crecimiento de los precios de los alimentos.

Si recorremos este camino es posible que la Argentina empiece a dejar de  ser “ el fracaso distributivo experimentado como pocos países del mundo” como lo señalo Leonardo Gasparini  Director del  CEDLAS, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, un centro de excelencia de la Universidad de La Plata , que cuando lo visitamos a principios de Julio nos informó que funcionando eficaz y plenamente la Asignación Universal puede llevar la situación de desigualdad de nuestro país a los niveles de mediados de la década del ochenta. Parece poco, pero dejar atrás las consecuencias, en términos de la estructura social, de la convertibilidad y los populismos -de los noventa y actuales- constituiría un avance extraordinario.