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La agenda más consensuada

Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) representan la agenda global con mayor consenso de los últimos años; más de 190 Estados -entre los que se cuenta la Argentina- se pusieron de acuerdo para encarar y materializar caminos de solución a complejas problemáticas globales. La participación ciudadana es parte de la formula para el éxito. 

¿Qué fines persiguen los ODS?

Los ODS como agenda global, tratan de atender aquellos flancos débiles de la vida en sociedad que necesariamente deben encararse de manera mancomunada. Son 17 objetivos, ambiciosos; se busca alcanzarlos de forma conjunta, interrelacionada y simultánea. Se trata de desafíos múltiples, que abarcan lo político e institucional, lo ambiental, lo social y lo económico.

Estos objetivos multidimensionales cuentan con 169 metas y el compromiso de cumplirlas para el 2030. De aquí a ocho años, a nivel global, deberíamos haber logrado, por ejemplo, lo siguiente:

  • Erradicar la pobreza extrema.
  • Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
  • Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
  • Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que debe ser gratuita, equitativa, de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinente y efectivo.

Las metas que cité son sólo 4 de las 169. Sin lugar a dudas un desafío global tan grande, destinado a combatir la pobreza, trabajar por la equidad, proteger el ambiente y fomentar el desarrollo económico, no puede ser ni remotamente pensado sin diseñar instituciones fuertes, en fluido contacto con la sociedad civil y debidamente controladas desde el punto de vista de la gestión estatal.

Sobre este último punto, los desafíos del control en el cumplimiento de la Agenda 2030, organicé una conferencia el mes pasado como parte de mis actividades al frente de la comisión de buena gobernanza que presido en la OLACEFS. Fue interesante escuchar al representante residente del PNUD, Claudio Tomasi, y -por la SIGEN- al síndico general Carlos Montero y a la síndica adjunta, Irma Miranda. Hubo un consenso alrededor de la necesidad de incorporar múltiples actores al proceso de cumplimiento y control de los ODS. Tomasi ponderó el “trabajo mancomunado con diversos actores de la sociedad para reducir la desigualdad” y los representantes de la SIGEN dieron sendos ejemplos de “trabajo en conjunto” que se formalizaron en la creación de diversas instancias colaborativas, algunas de las cuales incorporan a la sociedad civil, como las reuniones de trabajo con la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular.

El rol de las instituciones y la participación ciudadana

El mundo logró consolidar la democracia como forma de gobierno en una gran cantidad de países; sin embargo, no sólo se requiere defenderla a diario de los embates populistas, sino que la democracia necesita un upgrade que lleve a la humanidad a vivir en sociedades más equitativas. Por eso mismo surge una agenda como la de los ODS, que busca “no dejar a nadie atrás”.

Para lograr el cometido, la gestión y el gasto público deben canalizarse hacia el cumplimiento de los ODS. Los objetivos necesitan recursos, y muchos. Su control y monitoreo es imprescindible para asegurar que no nos desviamos del camino hacia el progreso con el que nos hemos comprometido.

La solidez institucional es requisito para alcanzar todos los objetivos y es, de hecho, uno de los ODS, el 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.

La ambición de la agenda 2030, el apremio de la desigualdad y la diversidad de puntos de vista y demandas que conviven en las complejas sociedades actuales, requieren la permeabilidad e interacción de las instituciones públicas con la sociedad civil.

La Auditoría General de la Nación (AGN) entendió hace ya dos décadas que no sólo debe realizar un control horizontal, en cumplimiento estricto de su mandato constitucional, sino que también debe promover el control vertical, para que los ciudadanos -y las organizaciones que los representan- puedan incorporar su visión y propuestas al proceso de control.

¿Qué estamos haciendo desde la AGN?

En los últimos tiempos, la AGN incrementó y fomento aún más la participación ciudadana. Esta práctica tiene sus orígenes en 2002, cuando un colectivo social puso de relieve la necesidad de auditar la aplicación de normas de accesibilidad para personas con discapacidad. Hace poco, presenté el caso de la AGN en el simposio anual de ONU INTOSAI.

La participación ciudadana como mecanismo para el fortalecimiento institucional y democrático – el caso argentino from Jesús Rodríguez

El sostenimiento del vínculo con la ciudadanía a lo largo del tiempo, a través de mecanismos institucionales, ha merecido el reconocimiento de la AGN en esta materia. Este año, sin ir más lejos, la International Budget Partnership (IBP) dedicó un capítulo de su reporte anual a reconocer el trabajo realizado junto a organizaciones de la sociedad civil en una auditoría sobre la gestión ambiental de un programa nacional de prevención de la enfermedad de Chagas. Por otra parte, cuando en junio pasado el Consejo Nacional de Políticas Sociales hizo la presentación sobre ODS ante el panel de alto nivel de Naciones Unidas, valoró muy positivamente el trabajo de la AGN con relación a la interacción ciudadana para el control de los ODS.

En un momento de baja confianza en los gobiernos, el parlamento y los partidos políticos, como el que transita el mundo y particularmente la región latinoamericana, la participación ciudadana permite distribuir el poder entre más actores y proveer a la ciudadanía formas directas de influir en el devenir de las políticas públicas. En la AGN esto ha dado muy buenos resultados y, sobre todo, ha insertado al organismo en la realidad cotidiana de la población. Resalto como ejemplos de auditorías planificadas de modo participativo, además del programa sobre Chagas al que me referí antes, uno sobre precios de la telefonía celular y otro sobre los beneficios para usuarios electrodependientes por cuestiones de salud.

En una reciente sesión del Colegio de Auditores, se presentaron las propuestas recibidas por parte de las OSC para incorporar a la planificación de auditorías 2022, próxima a aprobarse. Es con gran satisfacción que vemos que -a través del programa de planificación participativa- la AGN recibió este año el doble de propuestas que el promedio de la última década, con la participación de tres veces más organizaciones que el promedio en ese mismo período. Las temáticas giran en torno al medio ambiente, la inclusión en materia de discapacidad, la respuesta estatal a la pandemia, la educación, la conectividad y el funcionamiento de los entes reguladores.

La alta participación de las OSC se explica no sólo en los exitosos resultados históricos del programa y el impulso que le hemos dado en estos tiempos de desasosiego social, sino en el fácil acceso a los mecanismos institucionales de vinculación, que se inicia completando un simple formulario en el sitio web de la AGN. Pero además, y esto es clave, la recepción de mas propuestas y el interés de mas OSC habla de un despertar ciudadano que amplía las ópticas y habilita perspectivas multidimensionales a la tarea de control del Estado.

En lo personal, puedo dar testimonio sobre la valiosa información y enseñanza práctica de la que me nutro en cada reunión con las distintas Organizaciones de la Sociedad Civil que acercan sus puntos de vista a la AGN; desde que asumí la presidencia tuve oportunidad de conversar con OSC que trabajan en temas ambientales y desarrollaron el monitor legislativo ambiental, aquellas que impulsan una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad, las que -en esta época tan compleja de pandemia- pusieron en práctica un observatorio para monitorear la adquisición y distribución de vacunas contra la COVID-19, las que persiguen la igualdad de genero, las que defienden los derechos de la niñez y las que velan por los derechos de los consumidores, entre otras.

CONCLUSIÓN

Las crisis siempre tienden a sacudir y desnudar diversos aspectos que en otras instancias quedan en segundo plano. La gestión de la pandemia puso en evidencia falencias por parte del Estado, también se sacudieron ciertas fibras en la ciudadanía que llevan a querer participar e involucrarse más.

Es importante que los órganos que componen el estado, estén preparados para canalizar esa energía ciudadana en acciones concretas que permitan materializar objetivos de forma virtuosa para todos.

Este motor ciudadano es imprescindible para llegar al 2030 con la mayor cantidad posible de objetivos de desarrollo sostenible alcanzados. La Argentina, en particular, tiene un atraso y un letargo de larga data para lo cual tanto la participación ciudadana como la fortaleza institucional son condiciones necesarias en la persecución de una agenda de progreso como la de los ODS.

A la tarea de una mayor sinergia social, para un mejor desempeño institucional, estamos abocados.

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Memoria para no olvidar, acciones para seguir

La semana pasada divulgamos la memoria institucional 2020 de la Auditoría General de la Nación, donde rendimos cuentas a la ciudadanía de lo que hicimos el año pasado. A propósito de esto, algunas reflexiones…

La pandemia

De un tiempo a esta parte el mundo pareciera estar viviendo una película de esas que podemos disfrutar en la multiplicidad de nuevas plataformas que ofrecen servicios de entretenimiento.

Como he remarcado en anteriores entradas en este blog, las medidas preventivas que se tomaron en nuestro país a raíz de la pandemia, reconfiguraron la vida de todos los argentinos y los organismos de control no fueron la excepción.

A solo dos días de haber asumido formalmente la conducción de la auditoría general de la nación, se declaraba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, situación que por su tiempo, consecuencias y extensión es inédita en los 29 años de historia del organismo.

Las consecuencias de la crisis

La crisis sanitaria, producto de la pandemia COVID-19, ha devenido en una crisis humanitaria y socio-económica global de proporciones semejantes a la Gran Depresión de los años ‘30.

La emergencia sanitaria provocó una crisis sin precedentes en el mundo entero y golpeó fuertemente a la sociedad con millones de personas infectadas y fallecidas, y agravada por sus consecuencias socioeconómicas, como la profunda caída del PBI y el crecimiento de la pobreza, la desocupación y la desigualdad social.

Con este cuadro de situación, teníamos dos alternativas: dejar que el miedo a lo desconocido y la incertidumbre paralizara un órgano vital para las cuentas públicas, o avanzar con la plasticidad necesaria para poder seguir actuando durante esta situación.

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La trampa de la falsa antinomia

La Argentina lleva 13 meses de emergencia pública y no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. Las falsas antinomias, como “salud vs. economía” o “salud vs. educación” solo nos hacen perder valioso tiempo para gestionar la pandemia y disminuir sus múltiples efectos negativos. 

Que no se quiebre

Luego de que, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarara la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis.

Los estados de excepción pueden tomar diversas formas  pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales.

La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas.

Mas allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. Las voces globales debaten hasta qué punto la democracia -cuya calidad venía en disminución desde hace más de una década- puede soportar tamañas concesiones sin quebrarse. Se observa una suerte de “recesión” democratica.

Peligro en el alargue

En América Latina, todo es peor. Con tan sólo 8% de la población mundial, da cuenta de alrededor de 30% de los fallecidos por COVID a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción -que por propia definición deben ser transitorios- amenazan con extenderse en el tiempo.

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado (Decreto 260/2020) y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto 167/2021).

La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha -con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el COVID-19 completada- permite suponer que el  Poder Ejecutivo intentara extender el estado de excepción  más allá de los plazos establecidos.

Aún cuando la pandemia finalmente esté relativamente bajo control, es decir cuando hayamos alcanzado la hoy lejana “inmunidad de rebaño” con al menos 70% de la población vacunada-,  las secuelas socioeconómicas que ya estamos padeciendo se profundizarán. Estas demoras en la salida de la crisis -la sanitaria, primero, y la socioeconómica, durante y después- nos colocan frente al riesgo de propiciar un alargue peligroso de la emergencia pública.

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Ideas actualizadas para los Ideales de Siempre

La pandemia que azota el mundo -aún sin saber cuándo termina y cuántas víctimas deberemos lamentar- ya generó la peor crisis económica en un siglo, produjo el primer retroceso registrado en el Índice de Desarrollo Humano que la ONU realiza desde hace treinta años y consolida una nueva década perdida, en términos económicos y sociales, en la Región de América Latina.

Las consecuencias de la Pandemia son múltiples.

Para empezar, nuestras sociedades serán más pobres y más desiguales. Según la CEPAL, en América Latina, al tiempo que el número de pobres se incrementará en 45 millones de personas, casi 3 millones de empresas -una de cada cinco- habrán dejado de existir.

Por otro lado, las demandas sociales crecientes presionan por mayores prestaciones del sector público sumando exigencias a estados que a sus debilidades estructurales le agregan, en el mundo en desarrollo, las dificultades para financiar estos mayores requerimientos presupuestarios.

También, los miedos individuales y las incertidumbres sociales son ambiente propicio para la emergencia o consolidación de liderazgos autoritarios en todos los continentes. De allí que la Internacional Socialista denunciara el  uso  de la pandemia “como pretexto para restringir libertades” y que destacados líderes democráticos y progresistas de América Latina alertaran sobre “los riesgos de una regresión democrática en la Región”.

A continuación, se presentan algunos rasgos distintivos del esquema de poder del movimiento que gobierna nuestro país y las consecuencias de las políticas seguidas por la administración. En el capítulo siguiente se describen los pilares de una propuesta para superar el estancamiento secular y el rumbo de decadencia en la post pandemia y, finalmente, se señalan algunos puntos de la hoja de ruta para la UCR, el partido más antiguo y el más actualizado de nuestro país.

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El IFE es tan necesario como su control

Hoy estuve, de modo virtual, en el Senado.  Participé, junto al resto de los integrantes del Colegio de Auditores Generales de la Nación, de una reunión convocada por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas con el propósito de tratar los detalles de nuestro plan de auditoría en marcha y ponderar diversos pedidos de auditoría que se canalizan a través de esta comisión bicameral dedicada exclusivamente al vínculo con la AGN.

Uno de los pedidos que ingresó hoy a la bicameral va en línea del presentado por mi colega, el Dr. Alejandro Nieva, en el Colegio de Auditores Generales del miércoles pasado. Se trata de auditar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El IFE  ha sido una pieza clave de contención y apoyo, dada la enorme pérdida de ingresos que han sufrido los hogares como resultado de la pandemia y el aislamiento social. De modo tal que su necesidad no está en duda.