El acuerdo más logrado

Alfonsín la llamó “la Constitución de todos”. A 25 años de su aprobación no hay duda de que el ex Presidente tenía razón. La Constitución Nacional de 1994 que hoy nos rige  fue el acuerdo mas cabal que hemos logrado los argentinos.

En ocasión de los 25 años de la Constitución Nacional de 1994, estuve en la Facultad de Derecho de la UBA, junto a Graciela Fernández Meijide y Alberto García Lema, colegas convencionales constituyentes, para conversar sobre reforma y democracia.

Me interesaba repasar el contexto político que condujo a la aprobación de la reforma constitucional.

La Constitución del ’53 había creado un presidencialismo intenso que tenía como contrapartida un poder legislativo débil; se había instalado a través de esa Carta Orgánica una asimetría en los pesos y contrapesos recomendados por la teoría política. Era, además, una Constitución con un menguado poder de control.

El primer antecedente de la reforma del ’94 es la solicitud que hizo Alfonsín, en marzo del ’86, al Consejo de la Consolidación de la Democracia. Le había requerido que -sin tocar la parte doctrinaria- razonara en la búsqueda del perfeccionamiento de la parte orgánica de la Constitución, sin cambios de extensión y condición del mandato (ver “Presidencialismo vs. parlamentarismo: materiales para el estudio de la reforma constitucional”, Eudeba, 1988).

Ocho años antes de la reforma del ’94, Alfonsín había iniciado el estudio de antecedentes para lograr una Constitución que atenuara el presidencialismo intenso de la que regía entonces.

Por otro lado, el Partido Justicialista había conformado una Comisión de Reforma Constitucional ad hoc, que había tenido varias reuniones en el año ’87, en mayo en La Falda, en junio en Bariloche y en noviembre en Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires.

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La internacionalización de un partido autóctono

Hace un par de semanas, Capital Intelectual editó “Adelante radicales: ochos ensayos (y una ficción)”, compilado y prologado por Andrés Malamud.

En ese libro contribuyo con un capítulo -aquí transcrito- acerca de la proyección del radicalismo fuera de las fronteras de Argentina ya que -en nuestra interpretación- la visión cosmopolita, la integración al mundo, la promoción de los valores democráticos y la construcción de una gobernanza global son signos de identidad de la UCR.

Planteo (en el buen sentido)

En 1900, solo una de cada 100 personas en el mundo vivía en democracia. Hoy esa relación es de 56 por cada 100. En 2018, según el índice que elaboran especialistas de The Economist, 114 países de 167 relevados están considerados dentro de la categoría de democracias: 20 son plenas, 55 imperfectas y 39 híbridas, en tanto que los restantes 53 países tienen regímenes autoritarios. En 1890, el 80 por ciento de la población mundial vivía en la pobreza extrema (menos de 1,90 dólares por día). Hoy, ese porcentaje está por debajo del 10 por ciento. ¿Esto significa que vivimos en el mejor de los mundos posibles? Nada de eso, pero podríamos establecer una correlación directa entre la democratización y la mejora en las condiciones de vida. Algo que Raúl Alfonsín pregonó con insistencia en su discurso político, a través de su memorable frase: “con la democracia se come, se cura y se educa”. Continuar leyendo “La internacionalización de un partido autóctono”

Invertir sin alcanzar a revertir

 

El informe aprobado en el último Colegio de Auditores sobre el tren Sarmiento llega a una conclusión alarmante: en los cuatro años y medio posteriores al trágico choque en la estación terminal de Once, las elevadas inversiones volcadas al ferrocarril no tuvieron impacto significativo sobre la calidad del servicio de transporte de pasajeros.

Es decir, se invirtió pero no se alcanzó a revertir las deficiencias que presentaba el servicio -ni en los aspectos materiales, como aparatos de vías, señalamiento y frenos automáticos, ni en su gestión.

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El riesgo de un proyecto populista recargado

Foto: Museo Casa Rosada [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
El radicalismo de la Provincia de Buenos Aires me invitó a Mar del Plata el sábado pasado a una mesa debate junto con Martín Tetaz (ver video). A continuación, los conceptos principales.

Hacia el año 1930 la Argentina tenía una riqueza por habitante aproximadamente equivalente a la de Alemania o Canadá. En el 2015 -cuando se retiraba la administración kirchnerista-, la riqueza por habitante había disminuido a la mitad en términos relativos con esos mismos países.

La Argentina hace cuatro años mostraba un estancamiento y un retroceso relativo incluso frente al resto de las naciones latinoamericanas, excepto Cuba y Venezuela.

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Dinero, política y democracia

Foto por Oleg Magni en Pexels

Regresé esta semana de la segunda reunión anual de la Red Global de Auditores organizada por la OECD donde, si bien el tema principal planteado era el de los desafíos de auditar en la era digital, hubieron sesiones que giraron sobre integridad y transparencia (o su ausencia). Es que la corrupción política que se extiende en América Latina es una preocupación creciente. Sobre ésto y su vinculación con el financiamiento de los partidos políticos -algo que en la Argentina ahora se está debatiendo en el Congreso- realicé algunas reflexiones que publicó este fin de semana el diario Perfil. Abajo transcribo el artículo y agrego algunas notas para quien quiera mayor profundidad sobre algunos temas.

Los golpes de Estado y los autoritarismos fueron, en el siglo pasado, el rasgo distintivo y dominante del paisaje institucional en América Latina. En tanto, las elecciones de 1983 en Argentina iniciaron una dinámica política que llevó a la región a tener en nuestros días –salvo en el caso de Cuba– gobiernos elegidos democráticamente en elecciones que, con la excepción de Venezuela, no han sido cuestionadas en su legitimidad.

Sin indulgencia. Ese gigantesco paso adelante está siendo negativamente afectado, en la mayoría de nuestros países, por resonantes casos de corrupción que ya no cuentan, como en el pasado, con actitudes indulgentes llenas de argumentos economicistas que pretendían justificar la corrupción con los supuestos beneficios de empresas y empresarios audaces, imprescindibles para salir de la trampa del atraso económico.

La corrupción expone la captura del Estado por parte de élites, es una suerte de privatización de la política pública que pone en jaque las instituciones y el estado de Derecho.

Por el contrario, se extiende la convicción de que la corrupción expone, por un lado, la perniciosa captura del Estado por parte de algunas élites que, en ocasiones, exhiben un despliegue a escala supranacional y, por otro lado, esa verdadera “privatización de la política pública” amenaza, al socavar la confianza social en las instituciones, la estabilidad política y la vigencia del Estado de derecho.

El Departamento de Justicia de USA reveló que la empresa Odebrecht obtuvo ganancias por 2996 millones de dólares en sus operaciones en 10 países de América Latina y reconoció haber pagado sobornos por 780 millones de dólares, principalmente en Brasil y la República Bolivariana de Venezuela.

El número de países afectados, la magnitud de los fraudes y su repercusión social han renovado el interés académico sobre el estudio de las posibles razones que explican la existencia de actos de corrupción dejando de lado la simple y equivocada idea, todavía presente en grupos políticos de matriz ideológica conservadora, de que el tamaño del Estado determina el nivel de la corrupción.

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