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CFK a Boudou: “Guarda con lo que hacés”

boudou-y-cristina (1) Con esa frase se dirigió la Presidente a Boudou cuando anunció su licencia por  enfermedad . Hoy, el affaire Boudou no deja de producir novedades y está llamado a constituirse, cada día más, en un asunto político de creciente relevancia.

El relato del Vicepresidente en el Senado el jueves pasado tuvo, además de descalificaciones como indica el manual de procedimientos K para estos casos,  acusaciones de intentos de coimas no presentadas en los tribunales y denuncias de conspiraciones, cuándo no, de las corporaciones enfrentadas al modelo.

Sin embargo, lo que faltó en el relato oficial, además del adjetivo destituyente fueron datos precisos que pudieran aclarar o desmentir  las informaciones que se acumulan sobre el asunto.

En el diario La Nación del viernes pasado el periodista Martín Rodríguez Yebra escribió una lista, seguramente provisoria, de los temas ignorados por el Vicepresidente. Estas son las preguntas que se formula el periodista:

Es normal que Katya Daura, presidenta de la Casa de Moneda y funcionaria de confianza del vicepresidente, hubiera recomendado subcontratar a la ex Ciccone para imprimir billetes de 100 pesos sin constatar quiénes eran los verdaderos dueños de la imprenta? ¿Por qué le parece tan grave a Boudou la contratación directa de Boldt para el juego bonaerense y no que la Casa de Moneda le entregue la confección de dinero sin licitación a la nueva Ciccone?

Y además, ¿por qué no denunció hasta este momento de zozobra política personal que el gobierno kirchnerista bonaerense entrega multimillonarias concesiones de juego de azar sin llamar a concurso?

¿Por qué Boldt le habría ofrecido a Boudou en marzo de 2011 una coima para “arreglar”, como denunció ayer? ¿Arreglar qué? ¿Hablaba de algo relacionado con la operación de Ciccone? Si era así, ¿por qué lo iban a ver a él? ¿Y por qué tardó un año en revelar ese delito?

¿No reparó antes en que el abogado al que acusó de haberle sugerido en 2009 maniobras impropias para tener buenas relaciones con los jueces federales es del estudio jurídico de la familia del actual procurador general de la Nación, Esteban Righi? Un despacho que defendió y defiende a funcionarios nacionales.

¿Cómo es que creía que el juez Daniel Rafecas “quería ayudar” y ahora lo denuncia con términos durísimos porque aceptó que se hiciera el allanamiento a su casa?

Si tan grave le parece que la prensa se entere de medidas judiciales bajo secreto de sumario, ¿cómo conoció tantos detalles, como los que describió ayer, de las declaraciones en los tribunales de un ejecutivo de Boldt y del lobbista que lo desmintió?.

En Página 12 de hoy, por su parte,  revela que el caracterizado como integrante  clave de la maniobra mafiosa pasó de asesor  de Daniel Scioli en su primer mandato como Diputado en 1997, luego de ser funcionario durante tres años en las administraciones justicialistas en  la Ciudad de Buenos Aires, a integrante del Directorio de la empresa.

Aclara, por si hiciera falta, Verbitsky: “No es el hombre de Boldt que se relaciona con el gobernador Scioli, sino el asesor de Scioli que deviene director y accionista de la empresa luego del ascenso de su empleador a la Casa de Gobierno provincial, en 2007”.

En esa misma nota H Verbitsky, un periodista bien informado, escribe que “las palabras de Boudou fueron aprobadas por CFK antes y después de la conferencia de prensa”.

Importa el dato porque, aunque no haya sido una conferencia de prensa, confirma que la estrategia de Boudou de buscar que su destino personal sea visto como indisoluble al de la Presidente hasta ahora, a estar por el silencio de Cristina Kirchner, es efectivo.

La pregunta relevante no es por qué sino hasta cuando?

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La Palabra de Boudou ¿Es la del Gobierno?

ESCUCHA-BOUDOU-PARTIDARIO-QUEJAS-EMPRESARIOS_CLAIMA20110414_0018_4 Hasta hoy las implicancias del caso Ciccone estaban limitadas a una causa judicial que tenía, como no podía ser de otra manera, interés público y que los medios de comunicación reflejaban.

Las respuestas del Gobierno a las novedades del trámite judicial se  reducían a sonrisas socarronas del Vicepresidente, sobreactuadas presencias suyas en actos oficiales y espectáculos artísticos,  inoportunas suspensiones de viajes oficiales al exterior y  muy dosificadas declaraciones en medios del dispositivo de comunicación gubernamental.

Pero hoy, con el monólogo anunciado como conferencia de prensa del vicepresidente, el caso dejó de ser judicial para adquirir la relevancia de un evidente asunto político de gran calado y con derivaciones inevitables.

Ello es así tanto no solo por lo que omitió,  por caso explicaciones de su involucramiento directo en el trámite de la AFIP a pesar del dictamen contrario del Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, sino también por lo que dijo.

El Vicepresidente informó al país que en tres oportunidades recibió insinuaciones que no denunció, de un estudio de abogados al que se haya vinculado el Procurador General – cabeza del órgano extra poder del cual dependen todos los fiscales de la Nación- para interceder en causas que lo involucraban en los Tribunales Federales.

El Lic. Boudou también nos anotició que el Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en su momento titular de la Corporación Puerto Madero -ente integrado por la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires en la cual se desempeñara como Director Iván Heyn- le propuso  y tampoco denunció “que ponga el número” para resolver la controversia entre Boldt y Ciccone.

Como si fuera poco, acusó al Juez que investiga la causa de comportarse como “una agencia de noticias” y de formar parte del “intento de atacar la voluntad popular”. También insinuó que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires “favorece a integrantes de la mafia” y que por ello la Legislatura provincial formalizó por iniciativa de la bancada oficialista un pedido de informes al Gobernador.

Parece claro que, con sus declaraciones de hoy en el Senado, el Vicepresidente decidió intentar que su destino personal esté indisolublemente asociado al del  propio Gobierno.

Es evidente que cuando Boudou arremete contra otros funcionarios, involucra en el desarrollo de su causa a integrantes de otros poderes del Estado y la vincula a responsables políticos de otras jurisdicciones con el argumento preferido del relato oficial  – la “mafia mediática”- pretende  encadenar su destino personal inmediato al del resto del Gobierno.

Por eso, ahora si el Gobierno tiene la palabra

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Malvinas y Derechos Humanos

Kirchner en Abril 1982 En su discurso de hoy en Ushuaia, al recordarse el aniversario de la invasión a Malvinas, la Presidenta Cristina Kirchner afirmó que  aquella “ no fue una decisión del pueblo argentino”. Sin embargo, es necesario reconocer que en 1982 el desembarco en Malvinas contó con la adhesión social y de casi la unanimidad de la dirigencia, tanto política como empresaria, sindical y social. Unos honesta o ingenuamente, otros por seguidismo y algunos por oportunismo dejaron en soledad a quienes, como el Dr. Raúl Alfonsín, calificaron la acción como una “aventura” que traería graves consecuencias.

La guerra contribuyó a que las consecuencias del terrorismo de Estado siguieran excluidas de la consideración social a pesar de que, como bien documenta Graciela Fernández Meijide en su libro La Historia Intima de los Derechos Humanos en la Argentina, Amnesty International publicara en febrero de 1980 el “Testimonio sobre los campos clandestinos de detención en la Argentina”; ya se conociera el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y que se hubieran publicado  solicitadas, como la de Clarín en Agosto de 1980, donde se reclamaba al Gobierno que “ se publiquen las listas de los desaparecidos y se informe el paradero de los mismos”.

Una muestra de esa extraña y dolorosa convivencia de desinterés social por la causa de los derechos humanos y la aventura de Malvinas  es que la primera víctima de la guerra haya sido alguien denunciado por estar involucrado en la represión ilegal

Otro ejemplo poco edificante es saber que el “malvinero” Presidente Kirchner, condición compartida con la Presidente según reconoció ella hoy en su discurso, haya apoyado la acción militar en su ciudad natal de Río Gallegos. Sobre todo cuando al momento del desembarco en Puerto Argentino, los organismos de Derechos Humanos – particularmente la APDH – ya habían recibido miles de  denuncias y documentado la desaparición de 5580 personas.

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Subtes: Lo que Kirchner y Macri no quieren ver

Cristina-y-Macri La Presidenta Kirchner y el Jefe de Gobierno Macri no terminan de entender que la política tiene tiempos. En épocas electorales es válida y necesaria la diferenciación, y aún la disputa, entre propuestas ofrecidas por los diferentes partidos pero, cuando se ejerce el gobierno, especialmente en sistemas federales, se impone la cooperación si se piensa en el bienestar de los ciudadanos.

En el caso del traspaso del servicio de subterráneos de la Nación a la ciudad de Buenos Aires, como hace dos años en el conflicto del Parque Indoamericano, lo que se revela es la incapacidad de ambas administraciones para encontrar soluciones que se centren en las necesidades de los usuarios del transporte.

El Gobierno de Kirchner decidió el traspaso no por una convicción virtuosa sino por requerimientos fiscales, necesita aliviar el gasto público al igual que en el Proceso cuando se transfirieron a las Provincias sin los recursos necesarios los servicios de educación y salud; y el de Macri no puede desdecirse de su aceptación porque el aumento unilateral de tarifas instrumentado no puede ignorar la doctrina de los actos propios que no admite alegar ingenuidades y torpezas.

Este verdadero fracaso institucional, que convierte a millones de usuarios  en víctimas, requiere de una salida dentro del marco de la Constitución que, sabiamente, en 1994 consagró un federalismo de concertación.

Por eso, en el debate legislativo  el Bloque del Radicalismo sostuvo, entre otros por el Senador Ernesto Sanz, que el camino apropiado en el tema requería de una solución  sustentada en tres pilares:

a) Como manda la Constitución transferencia integral  de competencias a la Ciudad Autónoma, no solo la del transporte sino también las de la seguridad, el puerto, el juego y la justicia.

b) Transferencias con los recursos necesarios, como lo lo establece el Artículo 75 de la Constitución, cuya lectura no admite dos interpretaciones.

c) En el caso específico del transporte, la solución inteligente requiere de la aplicación de la Ley 25031 del año 1998 que prescribe la creación del ECOTAM, el ente del Transporte en el Área Metropolitana.

Hay, además, un argumento adicional al constitucional para exigir recursos federales para la prestación de servicios de subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires que, insólitamente, no estuvo presente en el debate..

Los centros urbanos son fundamentales como motores del crecimiento económico, ya que es donde se concentra la generación de riqueza en el mundo. Actualmente, el 60% del PBI mundial se genera en las 600 ciudades más grandes del mundo.

Así, la creciente dimensión de las mega ciudades realza la relevancia de contar contar con un sistema de transporte urbano que permita la movilidad de las personas ya que la accesibilidad que se provea es un factor clave para la calidad de vida. Por otro lado, la equidad social en las ciudades es un determinante crucial de su competitividad. En consecuencia, los beneficios que brindan los sistemas de transporte en las ciudades inciden no sólo en ellas, sino en todo el país. Este concepto es fundamental al momento de definir el financiamiento de sus sistemas de transporte, ya que para poder tener un país competitivo se requiere contar con ciudades competitivas, y esto resulta imposible de lograr sin un transporte urbano eficaz y de calidad.

Esta calidad del sistema de transporte se mide a través de distintos elementos, como el tiempo y costo del viaje; impactos ambientales como emisión de gases de efecto invernadero y contaminación del aire, ruido y accidentes. También la dimensión social de los proyectos de transporte es muy importante, ya que se debe promover la inclusión social de los sectores más necesitados.

Para la financiación de estos sistemas, en el mundo, se utilizan distintas fuentes como los proveedores, entidades financieras públicas o privadas y organismos multilaterales y, por su parte, el repago del financiamiento proviene de los beneficiarios mas directos (usuarios del servicio, otros usuarios del transporte, empleadores, vecinos, etc..), de la ciudad o la Región metropolitana y, también, de los contribuyentes de todo el país. Éstos últimos a través de aportes presupuestarios y fondos específicos, que generalmente cubren los costos de capital y, ocasionalmente, los gastos de operación y mantenimiento.

La experiencia internacional muestra que, en general, el repago de la inversión de construcción la realizan los gobiernos locales y nacionales en forma conjunta. A continuación se explicitan algunos ejemplos con los que se intenta ilustrar lo señalado:

En China y Vietnam las autoridades locales se encargan de la gestión de la circulación y de la organización de los transportes públicos pero el Estado Central es quien arbitra los proyectos de inversión de las ciudades de esos países. Los municipios, por su parte, financian el déficit operativo de las compañías.

En Brasil, el Ministerio de las Ciudades financia el transporte urbano a través de distintos programas como el Programa de la Movilidad Urbana, el Pro – Transporte, el Programa de financiamiento de Infraestructuras para la Movilidad Urbana y los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC). En la ciudad de Curitiba, el futuro Metro será construido por el Estado Central, vía la Compañía Brasileña de Trenes Urbanos (CBTU), que es un organismo federal

La intervención directa del Estado Nacional en empresas ferroviarias urbanas (trenes y subtes) sigue siendo muy importante también en las ciudades europeas, EEUU y Japón.

Una evidencia similar se revela en un  reciente análisis comparativo que muestra que la financiación de los proyectos de inversión en transporte en las ciudades aportada por el Gobierno Federal  es, en Estados Unidos del 80%, un 75%  en Alemania, un 20% a las líneas subterráneas de Francia (sin contar los fondos específicos que van directamente a las comunas) y un 70% en Colombia.

En esos países actúan así porque son conscientes que los beneficios de mejorar el transporte público en las ciudades exceden a los habitantes de las mismas impactando  en la competitividad global de la economía, disminuyendo la contaminación y emisión de gases de efecto invernadero y reduciendo  la utilización de energía renovable. Y de estos objetivos, que son elementos  indispensables de una estrategia nacional de largo plazo, tanto la Presidente Kirchner como el Ing. Macri deberían tomar debida nota y afrontar, en consecuencia, una cooperación exenta de mezquindades y estrechez de miras.

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Cumbres Borrascosas

 

 

Por Escenarios Alternativos

El aislamiento político del oficialismo en medio de una coyuntura económica difícil. El reaseguro del modelo de consumo interno en la reforma de la carta orgánica del BCRA. Los cambios de aliados y la nueva configuración del poder. El traspaso de subte: una cuestión netamente política. La guerra del petróleo: nuevo round.
Los dos factores que han dado oxígeno político y buena parte del rédito electoral al kirchnerismo, el superávit fiscal y el saldo positivo de la balanza comercial, se han visto menguados desde el año 2008 hasta la fecha. A tal punto que ha conducido a tomar medidas como el control de cambios, de importaciones y, ahora de morigeración de la pauta salarial. Junto con esto, la lógica de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner refuerza el aislamiento, el peso del “relato” y sus rasgos autoritarios.
El aislamiento en la “mesa chica” ofrece la particularidad de un aparente rol cada vez más importante de Máximo Kirchner, tal vez imaginado como sucesor y liderando “La Cámpora”, esa caricatura de la izquierda peronista de los ’70, que alguna mente afiebrada considera heredera de ese legado. Pero el aislamiento también afecta a antiguos compañeros de ruta de Néstor Kirchner, tales como aquellos empresarios prometeicos de la burguesía nacional pergeñada por el ex presidente; Hugo Moyano, unas cuantas vértebras de la columna de poder kirchnerista y Rudy Igor Ulloa, fiel ladero en el terruño natal y dueño de los medios santacruceños. Todos ellos han sido radiados de las cercanías del poder y, en algunos casos notorios, colocados en la categoría de enemigos. Hugo Moyano lo explicó con claridad meridiana: “Yo no cambié, fue el gobierno que cambió con respecto a los trabajadores”.
Tal vez, como consecuencia de la diferenciación que pretende hacer la presidente con respecto a su marido –tal como expusiéramos en la edición anterior- se ha encaminado hacia una “renovación” de aliados, siguiendo aquella frase de Tzvetan Todorov que dice: “es preferible olvidar lo antes posible a estos testigos de nuestras debilidades pasadas”, para hallar fortalezas en una agrupación de jóvenes cada vez más encaramados en la estructura del Estado; en el poder del Estado a su disposición y en su capacidad histriónica para seguir sosteniendo el “relato”.
Con todo esto, la sola idea de que la economía pase por algún sobresalto, le quita el sueño a la presidente, porque sabe que allí reside la explicación del 20 por ciento de los votos, que se le suman al 35 por ciento de la base electoral peronista tradicional con los que ganó en la última elección.
El sesgo autoritario se agrava con las dificultades de todos tipo, al punto que la misma presidente, en vez de salir al contestar acerca de las responsabilidades del gobierno en la política de transporte, prefiere descargar su retórica sobre un par de periodistas, acusándolos de “nazis”, al tener expresiones que podrían haber sido, cuanto mucho, inapropiadas: nadie es nazi de un día para el otro. En ese episodio, el relator de Fútbol para Todos se cansó de repetir que: “al término del partido Axel Kicillof responderá en 6, 7, 8 las expresiones antisemitas de Clarín y la Nación”, sumando más falsedades a la avalancha de propaganda oficial que efectúa el gobierno en ese interminable espacio de los fines de semana.
Las idas y vueltas del subterráneo
El envío al Poder Legislativo del traspaso de los subterráneos y el servicio de colectivos, de la órbita nacional a la municipal (CABA), con la segura ratificación del deseo presidencial, obedece a la lógica de que el jefe de Gobierno se haga cargo –de hecho ya lo hizo en el subte – del costo político de aumentar las tarifas. No sólo el accidente de Once paralizó la “sintonía fina” en esta área de los subsidios, sino la posibilidad cierta de endilgarle a un aturdido Mauricio Macri, esta responsabilidad.
La historia de traspasos es larga en el país y el último similar a este se enmarca en la política del gobierno militar de 1976 que consistía en transferir servicios a las gobernaciones. Subterráneos de Buenos Aires era desde 1977 una Sociedad del Estado (SBASE). Pero por ley 22070 del 10 de setiembre de 1979 se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir la nueva empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. a la Municipalidad de Buenos Aires. Así, después de 40 años y durante el Gobierno Militar, la Municipalidad tomó el poder de decisión sobre la red de subtes.
Bajo el gobierno de Carlos Menem, en 1991, se llevó a la o concesión de todos los ferrocarriles suburbanos y el subte, y no existiendo todavía la autonomía de la Ciudad, se hizo lo propio con el subte, junto con la Línea Urquiza. Desde entonces, la concesión está en manos de la empresa Metrovías, teniendo a su cargo la operación, mantenimiento y ejecución de un plan de obras con recursos públicos y control del Gobierno Nacional. La concesión comenzó el 1 de Enero de 1994.
Cuando en 1996 la Ciudad de Buenos Aires pasó a ser autónoma se estableció en una Addenda al Contrato de Concesión suscripto en el año 1999, donde se planteó la transferencia del control y fiscalización del subte a la Ciudad, manteniendo la figura de Concedente a cargo del Estado Nacional, así como los compromisos económicos sobre la Concesión. En mayo del año 2000 la Ciudad sancionó la Ley 373, por la cual adhirió a los términos de dicha transferencia.
Más allá de este racconto, las 33 líneas de colectivos y el subte le van a traer a Macri algunos dolores de cabeza, por lo que es esperable que retrase con medidas judiciales un asunto que, bien planteado, podría resolverse con buena voluntad política de ambas partes. En el medio, están los habitantes de esta ciudad.
Libre disponibilidad para todos
Así como fueron “recuperados” los fondos de la ANSES para fogonear el modelo de consumo interno y dispuestos los fondos del BCRA para pagar deuda, un nuevo capítulo se abre con la media sanción de la reforma de la carta orgánica del BCRA. Contradiciendo afirmaciones previas de la Presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, se incorporó, a último momento una importante modificación del artículo 20 de dicha carta orgánica que amplía el límite para otorgar adelantos transitorios. Con el nuevo esquema, el margen adicional que podría otorgarse hoy sería de aproximadamente 44.000 millones de pesos.
Otro aspecto llamativo de la modificación del artículo 20 es la desvinculación del financiamiento mediante adelantos transitorios sobre el destino de los fondos, ya que el límite que se vio incrementado anteriormente estaba vinculado al pago de obligaciones en moneda extranjera, siendo ahora ambos componentes de libre disponibilidad del Tesoro. Aunque la evidencia de los últimos años indica que los límites por el destino de los fondos no generaron una restricción efectiva, esta modificación también señala necesidades de una mayor flexibilidad para el uso de los recursos.
Más allá de estos cambios que habilitan a un mayor financiamiento del Tesoro, la otra fuente de asistencia financiera al gobierno estará dada por las Reservas de Libre Disponibilidad que ahora quedarán determinadas directamente por el Directorio. En realidad, este cuerpo deberá definir cuáles son las reservas “necesarias” según su propio criterio que, de acuerdo a la nueva regulación, sólo debe tener en cuenta las cuentas externas, sin ningún tipo de indicación adicional, dotando al BCRA de una amplia discrecionalidad. Definidas las reservas necesarias, la diferencia con las reservas totales serán las de libre disponibilidad. En definitiva, serán utilizadas incluso, para pagar deuda en forma discrecional y sin control.
¿Nacionalizo, o no nacionalizo?
Derivado hacia la responsabilidad de los gobernadores “petroleros”, tal como apuntáramos en la edición anterior, la escalada sobre YPF, incluye acciones concretas, como la reversión de algunas concesiones anunciadas tanto por el gobernador de Chubut, como por el de Santa Cruz. Estas acciones resultan notoriamente más agresivas, en términos de producción de la compañía, en relación a las anunciadas semanas atrás por el gobernador de Mendoza.
Más allá del impacto de estos eventos, los cuales repercutirán negativamente en el precio de la acción de la compañía, y de cómo eventualmente puedan administrarse estos conflictos, no sólo en términos legales por la reacción de YPF, sino también en términos de inversión futura, no termina de quedar claro cuál es el objetivo de máxima que persigue el gobierno nacional con estos movimientos.
Por lo pronto, los dichos de Jefe de Gabinete, Juan M. Abal Medina hicieron oscilar el precio de las acciones en el lapso que pasó de negar una posible nacionalización – la acción trepó 9 puntos – a entrever la posibilidad de que sí puede cumplirse esta amenaza. El funcionario advirtió, antes de que la empresa decidiera qué hacer con los 5000 millones de dólares de utilidades del 2011, que: "No descartamos ni afirmamos ningún curso de acción. Lo que garantizamos es que vamos a ir hacia un esquema en el cual se garantice la producción y la inversión para el desarrollo de los argentinos".
La decisión del directorio de capitalizar YPF con esos dividendos es un abierto desafío al gobierno. En ese contexto, el diario “El País” de España ya ha sugerido que, de suceder la nacionalización, pediría la desafiliación de la Argentina del G-20, un duro golpe para Cristina Kirchner que sufre por esas cumbres presidenciales, una verdadera debilidad.
Aquí, en la Argentina, las cumbres del poder son más reducidas y cada vez más turbias, más borrascosas.